A pesar de operar algunas de las refinerías más contaminantes del país, Petróleos Mexicanos (Pemex) ha evitado el pago de impuestos al carbono en las entidades donde tiene instalaciones, acusó México2, plataforma ambiental del Grupo Bolsa Mexicana de Valores (BMV).
“La recaudación reportada no corresponde a las emisiones que generan las refinerías”, afirmó Eduardo Piquero, director general de México2, quien recordó que la petrolera estatal ha recurrido a amparos para frenar los gravámenes ambientales.
En Guanajuato, la refinería Antonio M. Amor, ubicada en Salamanca, concentra cerca de 90% del dióxido de azufre emitido en la entidad, según el Inventario de Emisiones estatal. En 2021, ese municipio generó 84.7% del dióxido de azufre en Guanajuato, atribuible principalmente a Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Aunque el Congreso local aprobó en 2022 un impuesto a gases y residuos contaminantes, Pemex impugnó la medida argumentando invasión a su jurisdicción federal. Situación similar ocurrió en Nuevo León, donde se exigió a la empresa estatal desistirse de un amparo, y en Tamaulipas, donde la petrolera promovió un recurso legal para evitar el pago de dos mil 800 millones de pesos por impuestos verdes relacionados con la refinería Francisco I. Madero.
Pese a ello, Pemex aseguró en su Informe de Sostenibilidad 2024 que no ha recibido sanciones por incumplir disposiciones ambientales.
Normativa global obligará transparencia climática
Piquero advirtió que a partir de 2026, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) exigirá a las empresas que cotizan en el mercado de valores reportar de manera obligatoria riesgos financieros ligados al cambio climático bajo estándares internacionales IFRS.
“Si una empresa está sujeta a impuestos al carbono deberá reportarlos. Antes era voluntario”, sostuvo.
Aunque Pemex no cotiza en Bolsa, emite deuda en México y Estados Unidos, por lo que deberá cumplir con estándares internacionales de transparencia, señaló el especialista.
La Suprema Corte ha validado al menos seis veces la constitucionalidad de impuestos ambientales locales, pero Pemex mantiene su estrategia jurídica para evitar su pago, lo que ha generado cuestionamientos sobre el compromiso de la empresa estatal con las metas climáticas del país.