El Tribunal Electoral del Estado de Guerrero (TEE) resolvió sancionar al director del portal Acapulco Trends, Jesús Gabriel Castañeda Arellano, por incurrir en violencia política en razón de género contra la presidenta municipal de Acapulco, Abelina López Rodríguez, militante de Morena.
En la sentencia TEE/PES/052/2024, emitida el pasado 6 de julio, el órgano jurisdiccional determinó que el medio digital deberá ofrecer disculpas públicas a la alcaldesa durante 15 días consecutivos, como parte de las medidas de reparación del daño.
Además, el TEE impuso a Castañeda Arellano una multa de 22 mil pesos debido al reiterado incumplimiento de resoluciones previas emitidas en su contra. Según el Tribunal, el comunicador no acató una serie de sanciones derivadas de diversas sentencias que lo señalaban como responsable de ejercer violencia política de género contra la Edil.
Como parte de las medidas impuestas, Castañeda Arellano deberá leer una bibliografía especializada en violencia de género y su nombre permanecerá inscrito durante un año y medio en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia contra las Mujeres en Razón de Género, registro gestionado por el Instituto Nacional Electoral (INE), que ya dio por cumplida esta inscripción.
El juicio contra el director del medio inició en 2023, luego de que la alcaldesa presentó una denuncia por publicaciones en Acapulco Trends que señalaban deficiencias en la respuesta del Gobierno municipal tras el paso del huracán “Otis”. Desde entonces, el medio ha sostenido una postura crítica y, tras conocer la resolución del TEE, publicó: “Otro caso más donde se usa la figura de violencia política en razón de género para censurar o silenciar”.
El caso se suma a una serie de señalamientos contra gobiernos emanados de Morena que, en distintos niveles, han sido acusados de utilizar la figura de violencia política de género como una herramienta para acotar la labor crítica de medios y periodistas.
Diversas organizaciones defensoras de la libertad de expresión han advertido sobre el riesgo de que esta figura, legítima en contextos de discriminación o agresión, sea empleada con fines punitivos o de censura cuando se trata de señalar fallas en la gestión pública.
