El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU concluyó que en México existen indicios fundados de desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad, por lo que solicitó la intervención de la Asamblea General de la ONU para examinar la situación en el país.
El organismo internacional planteó la necesidad de activar mecanismos de cooperación técnica y financiera que permitan fortalecer las labores de búsqueda, investigación y análisis forense, sin que ello implique la asignación de responsabilidades penales individuales. La petición se basa en más de una década de monitoreo y documentación sobre el fenómeno.
El análisis identifica patrones persistentes de desaparición vinculados principalmente al crimen organizado, con posible participación, apoyo o aquiescencia de autoridades en distintos niveles de gobierno. Asimismo, advierte que la impunidad estructural en México favorece la continuidad de estos delitos.
Sin embargo, el propio Comité señala que no existen elementos para afirmar una política de Estado deliberada para cometer desapariciones, aunque sí documenta la gravedad sistemática del problema.
De acuerdo con cifras oficiales, en el país se registran más de 132 mil personas desaparecidas, además de miles de fosas clandestinas y decenas de miles de restos humanos sin identificar, lo que configura una crisis humanitaria de gran escala.
En respuesta, el Gobierno de México rechazó el informe al calificarlo como parcial, sesgado y carente de rigor jurídico, al considerar que omite los avances institucionales implementados en los últimos años, como el fortalecimiento de registros, fiscalías especializadas y mecanismos de búsqueda.
El pronunciamiento oficial sostiene que el Estado mexicano no tolera ni ordena desapariciones forzadas y subraya que el fenómeno debe analizarse en su contexto histórico, al señalar que buena parte de los casos corresponden a periodos anteriores.
La evaluación internacional ocurre en medio de discrepancias sobre las cifras oficiales, luego de que el Gobierno federal reportara una depuración del registro nacional que reduce a poco más de 43 mil los casos considerados vigentes, lo que ha reavivado el debate sobre la dimensión real de la crisis.