El Gobierno federal buscó contener este fin de semana una polémica de alto voltaje político tras la detención de Edgar Rodríguez Ortiz, alias “Limones”, señalado como presunto extorsionador que operaba en Coahuila y Durango. El secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, negó que el detenido tenga vínculos con la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (Catem), encabezada por el diputado morenista Pedro Haces, pese a las versiones que circularon en redes sociales y ámbitos políticos.
Durante una conferencia del Gabinete de Seguridad, Harfuch afirmó que la investigación contra Rodríguez Ortiz se originó por denuncias directas de extorsión, sin relación alguna con organizaciones sindicales. De acuerdo con el funcionario, el presunto criminal exigía pagos a empresarios, agricultores y productores por el uso de pozos de agua, una práctica que calificó como “sistemática”.
La postura oficial se dio luego de que imágenes difundidas en redes mostraran a “Limones” portando insignias de la Catem y participando en actos públicos junto a Pedro Haces, incluso en fechas recientes. Tanto el legislador como la confederación sindical rechazaron cualquier vínculo. En un comunicado, la Catem aseguró que el detenido nunca fue afiliado y que el uso de su nombre o logotipo constituyó una usurpación de representación.
Harfuch insistió en que, hasta el momento, no existe evidencia que relacione a Rodríguez Ortiz con Haces o con la central obrera. En cambio, detalló que las indagatorias apuntan a que el grupo delictivo estaría vinculado a Los Cabrera, una célula asociada a Los Mayitos, facción del Cártel de Sinaloa. Un juez federal dictó prisión preventiva al presunto extorsionador por los delitos de delincuencia organizada y portación de armas de uso exclusivo del Ejército.
La versión federal contrasta con la del gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, quien sostuvo públicamente que en la región de La Laguna era conocido el supuesto vínculo de “Limones” con el sindicato. El mandatario priista aseguró que existían fotografías y referencias públicas que reforzaban esa percepción local.
Aunque el Gobierno federal negó una relación directa entre Catem y el detenido, las autoridades reconocieron que el crimen organizado ha buscado infiltrarse en estructuras sindicales. En la misma conferencia, la fiscal especializada del Estado de México, Sandy Orihuela, advirtió que en operativos recientes se detectó el uso indebido de siglas sindicales por parte de grupos ligados al Cártel Jalisco Nueva Generación y a la Familia Michoacana para cometer delitos como extorsión, despojo y narcotráfico.
El caso de “Limones” deja así un doble mensaje: por un lado, el deslinde oficial que busca cerrar el paso a un escándalo político, y por otro, la confirmación de que los sindicatos se han convertido en un frente vulnerable frente a la penetración del crimen organizado.