Agricultores, activistas y ciudadanos del sur de Acámbaro, en el estado de Guanajuato, han externado su firme rechazo al proyecto del Acueducto Solís-León. Durante una convocatoria masiva, cuestionaron la legitimidad de la obra al señalar la falta de consulta, de información clara y la prioridad aparente al abasto industrial en los municipios del corredor.
En este contexto, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, se ha posicionado con firmeza a favor de defender el agua de su estado ante la intención del gobierno federal de enviarla a otra entidad. Ha señalado que no permitirá que se comprometa el abasto del Lago de Chapala —principal fuente de agua para la Zona Metropolitana de Guadalajara— y que su gobierno mantendrá una política de defensa del recurso hídrico como prioridad.
El proyecto del acueducto, que forma parte del Plan Nacional Hídrico 2024-2030 y contempla una inversión de aproximadamente 15 mil millones de pesos, fue anunciado para abastecer de agua a cinco municipios inicialmente: León, Silao, Celaya, Salamanca e Irapuato, y poco después se amplió a otros cinco: Villagrán, Tarimoro, Cortazar, Salvatierra y Acámbaro.
Los productores denunciaron con preocupación que la obra, con más de 200 kilómetros de longitud y considerada una de las más grandes en su tipo, se realiza sin que se hayan garantizado los estudios de impacto social, ambiental, hídrico y económico. Además, alertaron que el suministro de agua para la agricultura, la pesca y la ganadería de la región podría verse afectado por la falta de acuerdos claros.
La protesta de los agricultores en Guanajuato se suma así a un escenario regional donde las aguas compartidas, las grandes infraestructuras y la participación social se han convertido en temas de tensión. Mientras las autoridades insisten en que la obra garantizará el abasto de agua para los próximos 50 años, los productores exigen transparencia, estudios técnicos y garantías de que sus derechos no serán vulnerados.