La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, defendió que durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador no existió huachicol fiscal, pese a que la Fiscalía General de la República (FGR) ha documentado una red de contrabando de combustibles que operó entre 2023 y 2025.
En conferencia, la ex secretaria de Energía aseguró que, desde el inicio del gobierno anterior, se detectaron irregularidades en la importación de combustibles, por lo que se cancelaron permisos a empresas que no reportaban ventas o introducción legal de gasolina.
“El huachicol fiscal del que ahora vienen a hablar es del pasado, con Enrique Peña Nieto. Nosotros desde el primer momento combatimos tanto el huachicol fiscal como el de ductos”, sostuvo Nahle.
La mandataria explicó que, tras la cancelación de permisos, el gobierno cerró la puerta al ingreso de cargamentos irregulares. Reconoció, no obstante, que las redes de contrabando buscaron nuevas formas de operar, especialmente en puertos como Tuxpan y Manzanillo, además de recurrir a maniobras aduanales.
Sin embargo, la FGR sostiene una versión distinta. De acuerdo con la investigación judicializada este año, la red comenzó a gestarse en 2021 y consolidó operaciones a partir de 2023, con ramificaciones en estados como Veracruz, Tamaulipas, Colima y Sonora. El organismo documentó que participaron empresarios, servidores públicos y personal de dependencias federales.
La carpeta incluye testimonios y detenciones vinculadas a elementos de la Secretaría de Marina, así como a ex funcionarios aduanales. “Durante los últimos años (2021-2023) se ha identificado una mayor concentración de combustible ilegal en los puertos”, señala el informe ministerial.
Nahle insistió en que la actual administración estatal ha colaborado con las autoridades federales y que los hechos atribuidos por la Fiscalía corresponden a sexenios previos. “Con Peña Nieto ni siquiera existía el concepto de huachicol fiscal, eso surgió con la reforma energética de 2014”, afirmó.
La gobernadora subrayó que el combate al robo de combustibles fue una prioridad en el gobierno de López Obrador y confió en que la justicia deslinde responsabilidades.