En al menos 19 entidades del país, la reciente renovación de los poderes judiciales locales estuvo marcada por el predominio de perfiles políticos cercanos a los gobernadores en turno, más que por la trayectoria judicial de los magistrados electos.
De acuerdo con una investigación de medios nacionales como Animal Político y el Observatorio Judicial Ibero de la Universidad Iberoamericana, Morena logró que funcionarios de sus gabinetes, militantes o allegados asumieran la presidencia de tribunales en 11 entidades donde se realizaron elecciones judiciales el pasado 1 de junio.
En estados como Estado de México, Tabasco, Tamaulipas y Yucatán, ambos órganos, el Tribunal Superior de Justicia y el de Disciplina Judicial, quedaron bajo el control de perfiles vinculados directamente con gobernadores morenistas. Entre los casos más destacados figura el del Edomex, donde Héctor Macedo García, jurista de Texcoco, asumirá la presidencia del Tribunal Superior, mientras que Maricela Reyes Hernández, respaldada por liderazgos locales de Morena, presidirá el Tribunal de Disciplina.
Designaciones políticas
El análisis sobre 384 magistraturas revela que en la mayoría de los casos no se trata de jueces de carrera, sino de exfuncionarios estatales, asesores jurídicos y militantes de partido. Así ocurrió en Tabasco, donde el presidente del Tribunal de Disciplina Judicial, Mario Antonio Balcázar Liévano, fue consejero de la Judicatura nombrado por el exgobernador Carlos Manuel Merino. En Yucatán, la presidencia recayó en Sara Leonor Estrella León, militante de Morena y exjefa de compras de la Junta de Agua Potable del estado.
En Ciudad de México, Nicolás Jerónimo Alejo, agente ministerial de la Fiscalía General de la República adscrito al caso Ayotzinapa, presidirá el Tribunal de Disciplina Judicial. En Michoacán, Colima, Nayarit y Zacatecas se repite el patrón: exfuncionarios de gobierno estatal o candidatos propuestos por los Ejecutivos locales ahora encabezan órganos judiciales.
PAN y PRI replican el esquema
Pese a las críticas a Morena, la oposición no fue ajena a esta práctica. En Aguascalientes y Chihuahua, donde gobierna el PAN, 29 de las 51 magistraturas locales quedaron en manos de perfiles ligados a las gobernadoras María Teresa Jiménez y María Eugenia Campos. Incluso, las presidencias de los tribunales superiores y de disciplina fueron ganadas por exfuncionarios y asesores de sus administraciones.
En Coahuila y Durango, bastiones del PRI, 11 de las 25 magistraturas tienen vínculos directos con el partido o con familiares de la clase política local. El caso más notorio es el de Irma Selene Soto Rodríguez, secretaria particular del gobernador Esteban Villegas desde 2007, quien encabezará el Tribunal de Disciplina Judicial de Durango.
Un Poder Judicial politizado
El Observatorio Judicial Ibero concluyó que, más allá de las filiaciones partidistas, los procesos judiciales locales quedaron subordinados a los Ejecutivos estatales. La tendencia es clara: las designaciones no privilegian la experiencia judicial, sino la cercanía política, lo que compromete la independencia de los tribunales en 19 entidades del país.