El gobierno federal abrió un canal de negociación discreto para intentar destrabar la reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, frenada por la resistencia de sus aliados, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM). Sin el respaldo de ambos partidos, la iniciativa no tiene viabilidad legislativa.
Aunque públicamente la mandataria ha insistido en que se trata de un mandato ciudadano, en los hechos el gobierno morenista activó una operación política a puerta cerrada para preservar la coalición y evitar una ruptura de cara a las elecciones de 2027. La reforma entró esta semana en una nueva fase: todavía no existe una iniciativa formal, pero sí mesas de trabajo privadas con los aliados.
En su conferencia matutina de este miércoles, Sheinbaum descartó reunirse directamente con PT y PVEM y dejó la discusión en manos del Congreso de la Unión. Sin embargo, funcionarios federales vinculados a la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral comenzaron encuentros con dirigentes de ambos partidos. La presidenta reiteró que su propuesta no busca eliminar a las minorías del Congreso. “No pretendemos que quien tenga una votación con un porcentaje no tenga representación”, afirmó.
La Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, instalada el 11 de agosto de 2025 y encabezada por Sheinbaum, se convirtió en el eje de las negociaciones.
La presidenta ha reiterado que la ciudadanía demanda disminuir el gasto público en elecciones y partidos, eliminar listas plurinominales definidas por cúpulas, permitir el voto directo de mexicanos en el extranjero para elegir representantes y fortalecer las consultas públicas.
Bajo ese argumento, Sheinbaum rechazó un intercambio de favores políticos. “No es un ‘toma y daca’, tiene que ver con lo que piensa la gente”, sostuvo.
No obstante, el diálogo impulsado desde Gobernación abrió una válvula de escape ante la tensión interna, sin que hasta ahora se conozcan acuerdos. El dilema para el Ejecutivo persiste: arriesgar una fractura o ceder ante sus aliados y diluir dos de sus principales propuestas: menos dinero público y menos plurinominales.
La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y el coordinador de la comisión, Pablo Gómez, encabezan las conversaciones en reuniones privadas con líderes del PT y el PVEM. Ambas fuerzas confirmaron encuentros por separado esta semana, pero evitaron revelar el contenido de las negociaciones.
Aunque los desacuerdos centrales —financiamiento a partidos y número de plurinominales— son públicos, las partes insisten en que no hay un borrador sobre el cual fijar posturas definitivas.
Desde el PT, la senadora Geovanna Bañuelos calificó los encuentros como de “gran entendimiento” y aseguró que las mesas de trabajo permitirán construir de manera conjunta la iniciativa y avanzar en su redacción.
En la misma línea, el diputado Reginaldo Sandoval señaló que sólo se ha establecido una “ruta de trabajo” con la prioridad de mantener la unidad de la coalición. El legislador cuestionó la pertinencia de la reforma en este momento y defendió que el sistema actual “garantiza paz y tranquilidad”, además de haber permitido a Morena y aliados alcanzar mayorías en el Congreso y la Presidencia.
Ese mismo miércoles, en San Lázaro, Sandoval sostuvo que “la elección no es cara”, en contraste con el diagnóstico de la presidenta. También advirtió que sin aliados no hay reforma: “Si hubiera transcurrido como venía, sin diálogo, lo lógico es que iba a fracturar, iba a rompernos, porque ni el PT ni el Verde se van a dar balazos en el pie”, dijo.
Desde el PVEM, el vicepresidente de la Cámara de Diputados, Raúl Bolaños Cacho, confirmó acercamientos con Gobernación y reiteró que no existe un documento en discusión. “Al día de hoy no se ha presentado ningún documento”, subrayó.
El legislador mantuvo la postura del Verde en materia de financiamiento: cualquier reducción debe ser pareja y sin castigos selectivos. “Reducción… sí, pero de manera ecuánime”. Además, advirtió que el punto de fondo para su partido es no afectar la pluralidad del Congreso, aun si se revisa el modelo de plurinominales. “No debe de quitar la representación”.
El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, reconoció que el primer filtro de la reforma es cerrar filas con PT y PVEM. Aseguró que lo que se acuerde en la comisión presidencial con los partidos será respetado por la mayoría en San Lázaro. “Lo que se acuerde aquí se acatará”, afirmó.
Al mismo tiempo, dejó claro que el pacto con los aliados no será un texto intocable: una vez que la iniciativa llegue al Congreso, podrán hacerse modificaciones para ampliar consensos.
Mientras el debate se concentra en el oficialismo, la oposición ha bautizado la propuesta como la “Ley Maduro”, al acusar al gobierno de buscar afianzar su poder y erosionar los equilibrios democráticos.
El coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya, sostuvo que el debate sobre cifras es un distractor y acusó a Morena de buscar controlar al árbitro electoral. “Lo que en el fondo Morena quiere es el control del INE”, afirmó.
Por su parte, la senadora Kenia López Rabadán subrayó que no existe aún una iniciativa formal y sostuvo que cualquier cambio al sistema electoral debe discutirse con todas las fuerzas políticas.
Por ahora, la reforma avanza en privado, con una coalición sometida a prueba y con el reloj político corriendo rumbo a 2027.