El Gobierno federal reconoció este viernes que en México hay 130 mil 178 personas que continúan desaparecidas desde 2006, de acuerdo con la actualización del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas presentada durante la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum.
La titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa, detalló que esta cifra forma parte de un universo histórico de 394 mil 645 personas reportadas como desaparecidas desde 1952, de las cuales 262 mil 111 han sido localizadas, es decir, el 66%. De estas, el 92% fueron encontradas con vida.
Sin embargo, el rezago en la identificación y seguimiento de casos persiste. Del total registrado desde 2006, 36% (46 mil 742 casos) carece de datos completos, lo que complica su búsqueda. Otro 31% (40 mil 308 personas) presenta registros con actividad posterior a su desaparición, como trámites oficiales o registros civiles, lo que ha permitido ubicar directamente a 5 mil 269 personas.
Un tercer grupo de 43 mil 128 casos (33%) cuenta con información completa, pero sin rastro reciente. En este segmento, apenas 3 mil 869 tienen carpeta de investigación, mientras que más de 26 mil permanecen como reportes sin indagatoria formal, lo que evidencia fallas estructurales en la procuración de justicia.
Entre octubre de 2024 y marzo de 2026, las autoridades reportaron la localización de 31 mil 946 personas con denuncia de desaparición.
El subsecretario de Derechos Humanos, Arturo Medina, señaló que el fenómeno de la desaparición en México responde a dos periodos históricos: la llamada “guerra sucia” entre 1950 y 1990, marcada por desapariciones forzadas desde el Estado, y la crisis detonada a partir de 2006 con la estrategia federal de combate al narcotráfico.
Recordó que en 2025, tras el hallazgo del Rancho Izaguirre, presuntamente utilizado por el crimen organizado como centro de adiestramiento, se impulsaron reformas legales para fortalecer la búsqueda de personas y mejorar los mecanismos de coordinación institucional.
La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, explicó que las nuevas disposiciones obligan a que, desde el primer reporte, se emita una alerta nacional de búsqueda y se abra de forma inmediata una carpeta de investigación.
Asimismo, se implementaron herramientas como la plataforma única de identidad, el fortalecimiento del Banco Nacional de Datos Forenses y la creación de unidades especializadas.
Pese a estos avances, las cifras actualizadas confirman que la desaparición de personas se mantiene como una de las crisis más graves en materia de derechos humanos en el país, con miles de casos aún sin esclarecer y con deficiencias en los registros que dificultan su resolución.
