La política energética del país enfrenta una disyuntiva que podría marcar un viraje en uno de los compromisos más reiterados de campaña de la presidenta Claudia Sheinbaum: el rechazo a la fractura hidráulica.
México consume más gas natural del que produce. Hoy, alrededor del 75 % del insumo que alimenta las plantas generadoras de electricidad proviene de Texas, en Estados Unidos. Esa dependencia, que el Gobierno federal enmarca como un asunto de soberanía energética, ha reabierto la discusión sobre cómo incrementar la extracción nacional.
Sin pronunciar abiertamente el término fracking, la mandataria confirmó esta semana que existe un grupo de expertos que analiza la viabilidad del llamado gas no convencional. La alternativa, dijo, incluiría el reciclaje de agua, el uso de químicos distintos y mecanismos que reduzcan los impactos ambientales asociados a la técnica tradicional.
“Está en estudio”, puntualizó, al tiempo que prometió transparencia en el proceso.
El planteamiento representa un giro respecto a la postura que la propia Sheinbaum sostuvo el 6 de diciembre de 2024, cuando aseguró: “No va a haber fracking”. Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador la técnica quedó vetada por decisión política, aunque nunca se tradujo en una prohibición legal explícita.
Las reservas y la presión energética
Petróleos Mexicanos ha identificado reservas de gas no convencional en entidades como Coahuila, Tamaulipas y Veracruz. Acceder a esos yacimientos implicaría recurrir a métodos de fractura hidráulica, que consisten en inyectar al subsuelo agua mezclada con arena y químicos para fracturar la roca y liberar hidrocarburos.
El debate no es menor. Mientras el Gobierno sostiene que la soberanía energética exige producir una mayor proporción de lo que el país consume, organizaciones ambientales advierten que el costo podría ser demasiado alto.
La Alianza Mexicana contra el Fracking, CartoCrítica y Conexiones Climáticas señalaron en un pronunciamiento conjunto que “la soberanía energética no debe ser sacrificio”. Aseguran que incluso los escenarios más optimistas de producción no compensarían la dependencia del gas estadounidense y, en cambio, provocarían contaminación del agua y del aire, afectaciones a la salud y daños irreversibles a economías locales.
En agosto de 2025, cuando se presentó el Plan Estratégico de Pemex 2025-2035, Greenpeace advirtió que el proyecto contemplaba el uso de fracking, aunque no lo mencionara de forma explícita y acusó que ello traicionaría el compromiso ambiental de la llamada Cuarta Transformación.
Renovables, pero con una interrogante
Sheinbaum insistió en que su gobierno apostará por ampliar la generación con energías renovables, solar, eólica y geotérmica, con la meta de aumentar entre 15 y 20 % su participación en la matriz eléctrica durante el sexenio. Sin embargo, reconoció que persiste la pregunta central: “¿qué hacemos con el gas?”.
La paradoja es evidente. El gas que México importa desde Texas proviene, en su mayoría, de fracking. El dilema, según la presidenta, consiste en decidir si el país debe producir internamente bajo condiciones “más controladas” o mantener la dependencia externa de una técnica cuyos impactos ambientales ha criticado históricamente.
La prohibición que no llegó
En octubre de 2025, legisladores de Morena y el PT anunciaron la elaboración de una iniciativa para prohibir la fractura hidráulica. El proyecto surgió tras el foro “Fracking en México: riesgos, impactos y resistencias”, donde recordaron que la promesa de erradicar la práctica no se había concretado en ley.
Entre quienes respaldaron la propuesta estuvieron Reginaldo Sandoval Flores y Manuel Vázquez Arellano, quienes cuestionaron que el desarrollo económico priorice la ganancia por encima del impacto ecológico y social.
Por ahora no hay fecha para conocer las conclusiones del grupo de expertos convocado por el Ejecutivo. En el aire queda una decisión que no solo redefiniría la política energética nacional, sino que pondría a prueba la coherencia ambiental de un gobierno que hizo del combate al cambio climático uno de sus sellos discursivos.