Irregularidades en la impresión de boletas, decisiones administrativas sin sustento y una participación ciudadana de apenas 13.2% provocaron que en la elección judicial de junio de 2025 se fueran literalmente a la basura 672 millones 130 mil pesos, de acuerdo con el más reciente informe de la Cuenta Pública 2024.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó que el Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó la impresión de 2 millones de boletas adicionales sin justificación técnica ni administrativa, además de incurrir en irregularidades en la adjudicación directa del contrato.
Adjudicación sin estudio de mercado
Según el órgano fiscalizador, el INE otorgó el convenio específico a Talleres Gráficos de México sin realizar un estudio de mercado, pese a que existían ofertas más económicas de otros proveedores, lo que contraviene el propio Reglamento del Instituto.
De acuerdo con la lista nominal y el número de cargos en disputa, se requerían 599 millones 441 mil 874 boletas, pero finalmente se imprimieron 2 millones y medio más. El gasto total ascendió a 775 millones 174 mil 800 pesos.
La ASF subrayó que no se validó la necesidad de producir un volumen mayor al autorizado, ni se justificó técnicamente la decisión.
Elección con baja participación y destrucción masiva
A las irregularidades administrativas se sumó una baja participación ciudadana: únicamente 80 millones 22 mil 334 papeletas fueron utilizadas en la jornada electoral, equivalente al 13.2% del padrón.
Esto implicó que el 86.8% de las boletas impresas tuviera que ser destruido, conforme a lo que establece la legislación electoral. El resultado: 672 millones 130 mil pesos desperdiciados.
La elección judicial, además, se realizó en un contexto de prisa organizativa, con reducción de casillas y denuncias sobre la circulación de los llamados “acordeones”, que presuntamente indujeron el voto en favor de candidatos oficiales a jueces y ministros.
Posibles responsabilidades administrativas
Ante estas anomalías, la ASF instruyó a la Contraloría Interna del INE abrir cuatro procedimientos de responsabilidad administrativa sancionatoria contra los funcionarios involucrados.
El informe también señala inconsistencias en el registro presupuestal: el gasto fue etiquetado en el ejercicio 2024 y se reportó que las boletas fueron entregadas el 31 de diciembre de ese año, aunque en realidad fueron producidas y distribuidas hasta mayo de 2025.
El caso abre un nuevo frente de cuestionamientos sobre la planeación financiera, la transparencia en contrataciones públicas y la eficiencia del gasto electoral, en un proceso que terminó marcado por la baja participación y el elevado costo para el erario.
