Una de las banderas que más ondeó Andrés Manuel López Obrador durante su campaña presidencial en 2018 fue la promesa de no endeudar más al país. Pero seis años después, esa promesa terminó siendo letra muerta. México cerró el sexenio con una deuda pública de más de 17 billones de pesos, un incremento de 6.6 billones respecto a lo heredado por Enrique Peña Nieto.
Y el endeudamiento no se detuvo con el cambio de administración. Durante el primer trimestre de gobierno de Claudia Sheinbaum, la cifra ya subió otros 236 mil millones de pesos, alcanzando los 17.66 billones, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Para dimensionar el crecimiento, los ingresos del Gobierno federal en 2024 rondaron los nueve billones de pesos, pero el Congreso autorizó la contratación de 1.7 billones en nuevos créditos para cubrir los compromisos adquiridos, tanto internos como externos. Esto significa que casi uno de cada cinco pesos del presupuesto se destinó únicamente al pago de deuda.
De promesas a advertencias
“El mayor error de López Obrador fue apostar por decisiones ideológicas y simbólicas, en lugar de seguir criterios técnicos y de eficiencia en el gasto”, advierte Alejandro Rodríguez Magaña, académico de la Universidad Panamericana. El experto también señala que, bajo el argumento de la austeridad, el desmantelamiento de órganos autónomos terminó debilitando mecanismos de transparencia y planeación financiera.
El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) también ha alertado sobre el riesgo de que el endeudamiento no se traduzca en productividad. “En México coexiste un bajo nivel de crecimiento económico con un incremento en la deuda”, señala la organización.
El costo financiero de esa deuda, que incluye el pago de intereses y amortizaciones, representa un riesgo estructural si no se acompaña de inversión pública eficiente. El problema, explican los especialistas, es que el gasto público también está presionado por otros factores: el sistema de pensiones representó dos billones de pesos el año pasado, y los programas sociales otros 543 mil millones.
Sin reforma fiscal y con proyectos fallidos
A esto se suma una política fiscal que, de acuerdo con Rodríguez Magaña, se quedó corta. “La falta de una reforma fiscal limita la capacidad del Estado para recaudar más ingresos de forma eficiente”, critica, al tiempo que señala que la política de austeridad “mal ejecutada” terminó debilitando sectores clave como la salud, ciencia, tecnología y cultura.
Otro elemento en el tablero es el déficit fiscal, es decir, el desbalance entre lo que gasta y lo que ingresa el Gobierno. En 2018 representaba el 2% del PIB, pero en 2023 la cifra se disparó a 4.9%. La pandemia, los compromisos sociales y los costos asociados a megaproyectos como el Tren Maya o la refinería de Dos Bocas también explican el deterioro de las finanzas públicas.
Incluso decisiones como la cancelación del aeropuerto de Texcoco tuvieron un alto costo económico, mientras que Petróleos Mexicanos (Pemex) sigue siendo una fuente constante de presión fiscal por su deuda y gasto operativo.
Las opciones del próximo Gobierno no son muchas. Rodríguez Magaña sugiere una reforma fiscal progresiva que combata la evasión y revise exenciones para grandes empresas. También plantea la auditoría y evaluación de los megaproyectos, para no seguir subsidiando iniciativas sin rentabilidad.