La Secretaría de Marina (Semar) y el Gobierno federal retomaron las obras de ampliación del puerto de Veracruz, pese a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró en 2022 que los permisos ambientales otorgados desde 2004 eran inconstitucionales por poner en riesgo los arrecifes del Golfo de México.
Durante una conferencia matutina en julio pasado, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, anunciaron el inicio de los trabajos de construcción de la escollera sur, de más de tres kilómetros de longitud, actualmente en licitación. La obra forma parte de un plan nacional para modernizar seis puertos con una inversión combinada, pública y privada, que supera los 296 mil millones de pesos, de los cuales más de 20 mil millones se destinarán al puerto de Veracruz.
Sin embargo, organizaciones civiles como Territorios para la Vida (Terra Vida), AIDA y Earth Justice advirtieron que la nueva intervención contraviene la sentencia de la Corte y podría afectar de nuevo al Sistema Arrecifal Veracruzano, una de las zonas coralinas más importantes del país.
“Una batalla muy antigua”
El abogado ambientalista Francisco Xavier Martínez Esponda, fundador de Terra Vida, recordó que el litigio contra la ampliación del puerto comenzó en 2016, luego de que la Administración Portuaria Integral de Veracruz presentara el proyecto de forma fragmentada ante la autoridad ambiental.
“Dividieron el proyecto en múltiples partes para obtener autorizaciones parciales. Esa fragmentación impide evaluar los impactos reales y constituye una violación al derecho humano a un medio ambiente sano”, señaló Martínez Esponda en entrevista con medios nacionales.
El defensor explicó que, en su momento, los estudios omitieron incluso la existencia de un arrecife sumergido, conocido como La Loma, localizado a 18 metros de profundidad en la boca del nuevo puerto. “¿Cómo es posible que se les haya perdido un arrecife por donde pasarán los barcos? Eso no es creíble”, agregó.
En su fallo de 2022, la SCJN determinó que las autorizaciones otorgadas por la Semarnat eran inválidas porque las dependencias evaluaron el proyecto de manera fragmentada y sin utilizar la mejor ciencia disponible. Ordenó realizar una nueva evaluación ambiental integral que considere los efectos acumulados sobre arrecifes, manglares y humedales de la región.
No obstante, las organizaciones denuncian que el Gobierno federal no ha cumplido con esa orden y que persiste la falta de información sobre los sitios de extracción de piedra para las obras, lo que podría implicar el uso de áreas naturales protegidas como bancos de materiales.
La ampliación del puerto de Veracruz forma parte del Sistema Portuario Nacional impulsado por la administración de Sheinbaum, con el que se busca fortalecer la capacidad logística del país. Sin embargo, ambientalistas advierten que el proyecto repite los errores de hace dos décadas, cuando las obras se autorizaron sin considerar los daños al ecosistema marino.