Un edificio propiedad de las hermanas Luisa María y Bertha Alcalde Luján, ubicado en la colonia Roma Sur de la Ciudad de México, fue construido con más niveles de los permitidos por la normatividad local y carece de los permisos necesarios para su ocupación, de acuerdo con registros oficiales y reportes periodísticos.
El inmueble se edificó en 2020, durante la gestión del entonces alcalde de Cuauhtémoc, Néstor Núñez, integrante de Morena, partido al que pertenece Luisa María Alcalde, actual presidenta nacional del instituto político, y quien antes se desempeñó como secretaria del Trabajo y secretaria de Gobernación.
Según documentación oficial, el edificio fue construido con cuatro niveles y un roof garden, en una zona donde el uso de suelo autorizaba únicamente tres pisos. Además, cuenta con área de descanso, jacuzzi y asadores. Sin embargo, hasta ahora no existe registro del aviso de terminación de obra ni del trámite para la obtención del uso y ocupación, lo que lo hace legalmente inhabitable.
La dirigente morenista ha señalado públicamente al llamado «cártel inmobiliario», una supuesta red de corrupción vinculada a desarrollos irregulares en alcaldías gobernadas por la oposición, particularmente en Benito Juárez, Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc. No obstante, el inmueble donde reside y del cual es copropietaria, se ubica precisamente en una zona con señalamientos por gentrificación y transformaciones inmobiliarias aceleradas.
De acuerdo con registros del Registro Público de la Propiedad, en 2016 Luisa María Alcalde adquirió, junto con su familia, una casa de dos plantas por 4.2 millones de pesos. El inmueble fue demolido y sustituido por el edificio cuestionado. En su declaración patrimonial de 2019, reportó ser dueña de un tercio de la propiedad, recibida por donación de sus padres. Por su parte, Bertha Alcalde, actual fiscal general de justicia de la capital, reportó haber adquirido en ese mismo predio un departamento de 134 metros cuadrados.
La construcción se llevó a cabo sin constancia de cambio de uso de suelo ni autorizaciones adicionales para la ampliación vertical. Hasta la fecha, no se han reportado sanciones ni clausuras por parte de las autoridades locales.
El caso ha llamado la atención por la coincidencia entre la defensa pública de Luisa María Alcalde contra la especulación inmobiliaria en zonas populares y la irregularidad en el inmueble de su propiedad familiar, construido bajo una administración de su mismo partido político.
