Una red de importación irregular de autos desde Estados Unidos, que evade millonarios pagos de impuestos al fisco mexicano, ha sido ligada a un alto funcionario de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), Alex Tonatiuh Márquez Hernández, conocido como “LordRelojes”.
Márquez Hernández, director general de Investigación Aduanera y responsable de combatir el contrabando fiscal, es acusado por agentes aduanales y empresarios del sector automotriz en la frontera norte de facilitar y proteger un esquema que permite la legalización de vehículos “chuecos” mediante facturas alteradas y precios subvaluados.
El funcionario, quien recientemente fue exhibido por su colección de relojes de lujo con un valor estimado de 7.7 millones de pesos, habría respaldado el uso de amparos judiciales que permiten la entrada de autos usados a costos mínimos. Uno de los casos presentados ante Grupo REFORMA muestra el pedimento de importación de un Jeep Wrangler Unlimited Moab, con valor comercial de entre 600 mil y 900 mil pesos, que fue ingresado por apenas 207 mil pesos, pagando solo 2 mil 500 pesos de impuestos.
El vehículo fue operado por la Asociación Bajacaliforniana para la Protección del Parque Vehicular, beneficiaria del amparo 347/2023-VII, vigente y presuntamente respaldado por el propio Márquez.
«Se hace la vista gorda»
Fuentes consultadas revelaron que en las aduanas del norte del país existe un control discrecional sobre el ingreso de vehículos de lujo, amparados por un mecanismo simplificado de importación que permite subvaluar el costo del automóvil para reducir artificialmente la carga fiscal.
“Lo que hacen es alterar facturas”, relató un agente aduanal. “Si vas a pasar un Mercedes Benz o un BMW, ya con el pedimento pagado, se le dice a la Aduana: ‘No lo detengas, ya se reportó’”.
En este esquema, se compra un auto en Estados Unidos y, antes de su ingreso a México, se revende a un precio menor. Con esa nueva factura –usualmente falsa o alterada– se simula el pago real de la unidad, sobre el cual se calculan los impuestos. Según los testimonios, los funcionarios aduanales reciben sobornos para permitir estas operaciones sin levantar alertas.
“Ves un BMW nuevo y sabes que cuesta más de un millón, pero en la factura vienen 300 o 400 mil pesos, y aun así pasa sin problema. El cliente termina pagando 25 o 50 mil pesos en lugar de los cientos de miles que debería cubrir”, agregó otro denunciante.
Fiscalía en entredicho
La posición de Márquez en la ANAM implica responsabilidades directas en la vigilancia de operaciones fiscales y aduaneras, particularmente en el combate al “huachicol fiscal”, una práctica común en el contrabando de combustibles. Sin embargo, las acusaciones que ahora recaen sobre él apuntan a una presunta red de corrupción que opera con impunidad institucional.
Hasta el momento, ni la Agencia Nacional de Aduanas ni la Secretaría de Hacienda han emitido pronunciamientos oficiales sobre el caso.
Mientras tanto, la importación irregular de autos continúa afectando al sector formal automotriz, que enfrenta una competencia desleal en estados fronterizos como Baja California, Sonora y Chihuahua, donde este tipo de prácticas han proliferado en los últimos años.