Más de 300 niñas y niños viven actualmente en prisiones mexicanas, acompañando a sus madres durante sus primeros tres años de vida, como permite la Ley Nacional de Ejecución Penal, de acuerdo a un reportaje publicado por el diario nacional Animal Polítco. Aunque este modelo busca garantizar el vínculo materno, las condiciones dentro de los reclusorios muestran una realidad compleja: infraestructura insuficiente, carencias básicas y entornos poco estimulantes que limitan el desarrollo temprano de estas infancias.
En el penal de Chiconautla, en el Estado de México, vive Ángel, un bebé de seis meses que es uno de los 311 menores que actualmente pasan su primera infancia en prisión. Su madre, Britney, cuenta que el encierro limita las experiencias básicas para el desarrollo de su hijo: Ángel solo conoce a los perros porque los ve en televisión, nunca ha tocado uno ni lo ha visto en persona.
Britney relata que durante su embarazo tuvo consultas mensuales, pero que satisfacer los antojos, comprar pañales o fórmula depende de recursos que muchas veces no están disponibles. La tienda interna es cara y las oportunidades de trabajo son escasas por razones de seguridad para los bebés. “Algunas personas no tenemos visitas, ¿qué hacemos nosotras?”, cuestiona.
Aunque en Chiconautla existe un espacio especialmente adaptado para bebés, donado por organizaciones, se trata de apenas 12 metros cuadrados. Las áreas verdes están restringidas y el resto del penal es limitado, tanto para las madres como para las infancias.
La ley estipula que las mujeres privadas de la libertad tienen derecho a la maternidad, lactancia, custodia de sus hijos menores de tres años, así como a garantizar su alimentación, salud y educación inicial. Sin embargo, cuando ese límite se cumple, las niñas y los niños deben salir: si no hay red de apoyo, son canalizados al DIF, lo que suele implicar una separación abrupta.
Britney teme ese momento. Ya vivió algo similar cuando su hija mayor quedó al cuidado de su abuela. “Es mi motor… Gracias a él no me permito decaer”, dice sobre Ángel, consciente de que la separación podría repetirse si no obtiene una preliberación.
Mercedes Becker, cofundadora de La Cana, organización que trabaja con madres privadas de la libertad, explica que las cárceles no están diseñadas para mujeres ni para infancias. En muchos centros no hay áreas de maternidad ni acceso a entornos naturales. Los menores crecen rodeados de concreto, sin árboles, pasto o animales, y con dificultades para acceder a pañales, fórmula, atención pediátrica y acompañamiento psicológico.
La Cana impulsa programas de estimulación temprana, nutrición y crianza positiva, pero Becker subraya que el mayor reto llega al cumplir los tres años: cuando el DIF asume la custodia, muchas veces no existen mecanismos efectivos para garantizar que los menores regresen a ver a sus madres, lo que rompe de forma repentina el vínculo.
Las mujeres en prisión son quienes menos visitas reciben y quienes enfrentan mayor abandono familiar, lo que agrava la falta de redes de apoyo para sus hijos.
El reportaje retoma la importancia de visibilizar esta problemática para que las autoridades penitenciarias y de protección a la infancia garanticen infraestructura segura, áreas exclusivas para bebés y un entorno que permita un desarrollo menos desigual, incluso dentro del encierro.