Después de tres años y medio de encarcelamiento, un tribunal federal ordenó la libertad inmediata de cinco defensores tzeltales de San Juan Cancuc, Chiapas, al reconocer que las pruebas usadas en su contra eran “contradictorias” y “fabricadas” por autoridades locales. La decisión confirma lo que organizaciones civiles y la ONU habían advertido desde 2024: se trataba de un caso marcado por irregularidades, criminalización y abuso de poder.
Los liberados, Agustín Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar, Agustín Pérez Velasco, Martín Pérez Domínguez y Manuel Santiz Cruz, salieron de prisión el pasado 22 de noviembre, luego de que el Tribunal Colegiado del Poder Judicial de Tuxtla Gutiérrez resolviera dos amparos directos a su favor, derrumbando la acusación de que habían asesinado a un policía municipal en mayo de 2022.
La excarcelación marca un giro en un proceso que había sido señalado por la comunidad internacional. El Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU había emitido en mayo la Opinión 21/2025, donde pedía la liberación inmediata de los defensores, así como la investigación por las anomalías cometidas durante su arresto y juicio.
“Las pruebas fueron claramente fabricadas. La opinión de la ONU no entró al fondo del amparo, pero sí generó presión mediática”, afirmó Alberto González Moreno Kin, abogado de uno de los liberados.
El expediente acumuló irregularidades desde el primer día. Los defensores aseguraron que la noche de los hechos solo entregaron vivo al policía a otros agentes municipales y que después fueron detenidos y acusados inicialmente de posesión de marihuana. Más tarde fueron reaprehendidos por homicidio.
Otros dos tzeltales que habían declarado a su favor también fueron secuestrados frente al Juzgado de Control por un grupo de 30 hombres armados que descendieron de vehículos oficiales. La carpeta de investigación incluso se contradijo en aspectos básicos, como el lugar de la detención.
El proceso judicial también estuvo marcado por retrasos, omisiones y la reposición de juicio, que derivó en dos condenas, en 2023 y 2024, antes de que los tribunales federales intervinieran.
“Mi lucha no va a terminar”
Apenas recuperó la libertad, Manuel Santiz Cruz, presidente del Comité de Derechos Humanos de la parroquia de San Juan Evangelista e integrante del Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio (Modevite), compartió el desgaste que vivió en prisión.
“Estar en la cárcel es mucho sufrimiento… pero voy a seguir defendiendo mi territorio y a mi gente”, dijo, mediante traducción tzeltal, durante una rueda de prensa en San Cristóbal de Las Casas.
Santiz Cruz ha sido una de las voces visibles contra proyectos como la Carretera de las Culturas, la militarización de la región y una hidroeléctrica proyectada sobre el río Chacté. Dichas obras forman parte de un corredor que busca conectar el Tren Maya, el Corredor Interoceánico y la costa chiapaneca.
Mientras Santiz Cruz hablaba con medios, integrantes de Modevite marchaban en San Juan Cancuc por su 12 aniversario. El movimiento celebró la liberación, pero advirtió que el caso refleja un patrón que no ha cesado.
“La justicia no se agota con su libertad. Exigimos reparación, garantías y el fin de la criminalización de los pueblos originarios”, señaló la organización.
Colectivos acompañantes advirtieron que la política estatal de seguridad se está utilizando para justificar violaciones a derechos humanos en zonas donde las comunidades se oponen a megaproyectos.
“Esto va a seguir aumentando en la medida en que las comunidades defiendan su territorio”, alertó Gustavo Castro Soto, de la asociación Otros Mundos.
La liberación de los cinco tzeltales cierra un capítulo judicial, pero reabre una discusión mayor: la fragilidad de las garantías procesales para los pueblos originarios en Chiapas y el riesgo de que la defensa del territorio siga siendo tratada como un delito.