El próximo 1 de septiembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) abrirá una nueva etapa con la llegada de sus nueve integrantes electos por voto popular. Sin tiempo para acomodarse, los nuevos ministros deberán encarar una lista de asuntos explosivos: los amparos del magnate Ricardo Salinas Pliego, la validación de reformas aprobadas en fast track durante el llamado “viernes negro” y la controvertida facultad presidencial de otorgar amnistías directas.
El escenario será inédito no sólo por la renovación total del Pleno,que pasó de once a nueve miembros, sino por el nuevo marco legal que restringe el alcance de los amparos y pone a prueba la independencia del máximo tribunal, en un contexto marcado por la presión política y el descontento social.
Salinas Pliego, entre deudas fiscales y pleitos públicos
Uno de los temas que heredará la nueva Corte son los litigios fiscales del empresario Ricardo Salinas Pliego y sus empresas. Desde hace más de una década, el fundador de Grupo Salinas ha acumulado adeudos fiscales millonarios que han generado fricciones tanto legales como mediáticas con diversas autoridades.
En 2022, la SCJN falló en su contra por un adeudo de casi 2 mil 800 millones de pesos, fallo que el empresario acató públicamente. No obstante, el SAT informó en marzo de 2024 que Salinas y sus compañías aún adeudaban más de 63 mil millones de pesos, cifra que el Gobierno de Claudia Sheinbaum actualizó a 74 mil millones este año.
Tres casos clave relacionados con estos adeudos están en manos de la Corte. Uno de los amparos en revisión (492/2023) fue turnado a la ministra Lenia Batres, con quien el empresario mantiene una confrontación pública. Otros dos fueron presentados por Elektra y se encuentran bajo ponencias de los ministros Yasmín Esquivel Mossa y Alberto Pérez Dayán.
Además de estos casos, persisten recursos interpuestos por las autoridades hacendarias y nuevos amparos de las empresas de Salinas Pliego, lo que convierte a su situación fiscal en uno de los expedientes más voluminosos y políticamente cargados para la nueva Corte.
El “viernes negro” y las reformas exprés
Otro frente jurídico crucial gira en torno al paquete de reformas aprobadas el 28 de abril de 2023, en una maratónica sesión legislativa sin presencia de la oposición. Ese día, Morena y sus aliados aprobaron 20 reformas en tiempo récord, una cada 12 minutos, sin discusión ni dictámenes previos.
Aunque en enero de este año algunos ministros propusieron anular dos de esas reformas por violaciones graves al procedimiento, el Pleno no alcanzó los votos suficientes para invalidarlas. Sin embargo, siguen pendientes las acciones de inconstitucionalidad contra cambios a leyes que entregan el control operativo del Tren Maya a la Sedena, así como reformas al ISSSTE relacionadas con créditos de vivienda para burócratas.
Los proyectos quedaron en manos de los ministros Pérez Dayán y Jorge Mario Pardo Rebolledo, quienes propusieron anular las reformas por irregularidades legislativas, como la falta de verificación de quórum y la ausencia de trámites parlamentarios esenciales.
La amnistía presidencial, en entredicho
Uno de los casos que mayor tensión institucional podría generar es la reciente modificación a la Ley de Amnistía, mediante la cual el expresidente Andrés Manuel López Obrador se otorgó a sí mismo la facultad de conceder amnistías de forma directa a personas privadas de su libertad en situaciones de vulnerabilidad o pobreza o que no hayan accedido a una asistencia legal justa.
La reforma, publicada en junio pasado, fue impugnada por legisladores del PRI, PAN y PRD mediante la acción de inconstitucionalidad 135/2024 y su acumulada 139/2024, al considerar que vulnera el equilibrio de poderes y el derecho de las víctimas a la justicia y reparación.
El caso quedó en manos del ministro Javier Laynez Potisek, quien negó la suspensión del decreto al argumentar que no se acreditaba una violación “extremadamente grave” de derechos humanos. No obstante, la decisión de fondo será tomada por el nuevo pleno, que deberá decidir si esta figura presidencial se ajusta o no a la Constitución.
Otros temas clave: prisión automática y derechos humanos
A la lista se suman temas de fondo como la eliminación del arraigo y la prisión preventiva oficiosa, tambien conocida como prisión automática, figura por la cual el Estado mexicano fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La nueva Corte deberá decidir si cumple la sentencia internacional o si mantiene la figura pese a sus violaciones a derechos humanos.
También sigue pendiente el debate sobre la efectividad y transparencia del mecanismo de amnistías, creado en 2020, que ha sido señalado por organizaciones civiles por su opacidad y falta de resultados.