La Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) reservó la información sobre la ubicación exacta del proyecto de gasoducto que la empresa Gas Natural del Noroeste, S.A. de C.V. busca construir en el municipio de Los Cabos. Organizaciones ambientales advirtieron que esta falta de transparencia impide evaluar los impactos reales de la obra y podría derivar en daños severos al ecosistema y en una posible inviabilidad jurídica.
El megaproyecto, denominado Sistema de Distribución de Gas Natural por medio de Ductos en la Zona Geográfica Única: Los Cabos, prevé una red de 150 kilómetros de gasoductos entre Cabo San Lucas y San José del Cabo, con una vida útil estimada en 30 años. La Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) fue presentada en modalidad regional ante la ASEA y sometida a consulta pública del 18 de septiembre al 16 de octubre de 2025, según se publicó en la Gaceta Ecológica del organismo.
Sin embargo, ambientalistas que analizaron el expediente señalaron omisiones técnicas graves y la reserva de datos clave, como la localización precisa del trazo o los puntos de cruce con cuerpos de agua. “Sin esa información no se puede medir el impacto real del proyecto”, denunciaron asociaciones civiles como BCSicletos, que participaron en la revisión ciudadana del documento.
Posibles violaciones a leyes ambientales
Mediante la revisión de tablas georreferenciadas incluidas en el estudio de riesgo, los colectivos lograron identificar un trazo que, de acuerdo con su análisis, atraviesa zonas urbanas y áreas naturales protegidas, como el Estero San José y el Área de Protección de Flora y Fauna Cabo San Lucas.
De confirmarse, el trazo violaría disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), la Ley del Sector Hidrocarburos y la NOM-007-ASEA-2016, además de contravenir el Plan de Desarrollo Urbano de Los Cabos 2040, que prohíbe instalaciones de ductos en zonas urbanas.
El proyecto afectaría hábitats críticos de especies en riesgo, como la mascarita peninsular (Geothlypis beldingi), endémica del sur de la península y catalogada en peligro de extinción, además de garzas rojizas, reptiles y cactáceas protegidas. Según los ambientalistas, la construcción eliminaría más de 150 kilómetros de superficie filtrante para recarga de acuíferos y podría agravar la crisis hídrica que enfrenta la región.
Un expediente con datos reservados
El documento presentado ante la ASEA fue elaborado por la consultora Asesoría en Aprovechamiento de Recursos Naturales en Zonas Áridas S.C. (AARNZA), una pequeña empresa localizada en Gómez Palacio, Durango, sin historial público de evaluaciones en proyectos de gasoductos. La MIA mantiene en reserva información sobre el promovente y los responsables técnicos, amparándose en el Artículo 115 de la Ley General de Transparencia.
La dependencia federal también clasificó como reservados los datos sobre la inversión requerida y el trazo completo de la infraestructura, lo que impidió a los habitantes de Los Cabos conocer el alcance económico y ambiental del proyecto durante la consulta pública.
Piden cancelar la autorización
Tras el cierre del proceso de consulta, las organizaciones ambientales solicitaron a la ASEA rechazar la autorización de impacto ambiental. Argumentan que el proyecto no solo carece de información suficiente para su evaluación, sino que también amenaza con afectar ecosistemas de alto valor y contravenir normativas vigentes.
“El gasoducto compromete la integridad ecológica de Los Cabos y no responde al interés público”, advirtieron en un pronunciamiento conjunto.
Por ahora, la ASEA no ha informado si el proyecto continuará su trámite de aprobación. Mientras tanto, el destino del gasoducto —y del entorno natural de Los Cabos— permanece bajo reserva.