Mientras el gobierno federal presume con entusiasmo la llegada de inversiones históricas para instalar centros de datos en el país, el desarrollo de esta industria avanza en un terreno sin regulación, sin transparencia y con crecientes cuestionamientos por su posible impacto social y ambiental.
México planea alcanzar una capacidad de 1,516 megawatts en centros de datos para 2030, lo que representaría el 1.68% de la capacidad total del Sistema Eléctrico Nacional, según datos oficiales. Sin embargo, hasta junio de 2025, el país no cuenta con ninguna ley que regule estos complejos tecnológicos, ni su vínculo con la inteligencia artificial.
En contraste, en países como Chile y Uruguay, la instalación de este tipo de infraestructuras ha sido cuestionada por organizaciones civiles y ambientalistas. En México, la industria se asienta sin resistencia pública ni oposición organizada.
En marzo pasado, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció una inversión de 2 mil 700 millones de dólares para la construcción de un centro de datos de hiperescala en Durango, como parte del denominado Plan México. El complejo tendrá una capacidad de 250 megawatts, más que el total combinado de los más de 100 centros de datos actualmente operando en el país.
A este anuncio se suman otras inversiones millonarias: Amazon Web Services con 5 mil millones de dólares, Microsoft con 1,300 millones, y Google con una proyección de impacto al PIB de más de 11 mil millones de dólares para 2030.
Pese al optimismo, no existe en el Congreso una comisión específica ni legislación para regular la inteligencia artificial o los centros de datos, admite el abogado Juan Valente Mérida, experto en derecho digital del Cetys Universidad. Apenas una norma voluntaria de 2014 establece lineamientos sobre seguridad e infraestructura, sin que haya exigencias sobre uso de agua o energía.
Uno de los aspectos más críticos es el consumo de agua. De acuerdo con estudios científicos, un centro de datos pequeño, de apenas un megawatt, puede requerir hasta 25 millones de litros de agua al año para refrigeración, cantidad equivalente al consumo de 300 mil personas.
En Querétaro, estado con más de dos años de sequía, se concentra buena parte de esta industria. Mientras empresas como AWS aseguran usar enfriamiento por aire, Microsoft solicitó una concesión de 25 millones de litros de agua anuales en el municipio de Colón, lo que representa casi una cuarta parte del agua concesionada a esa localidad.
“¿A quién le van a quitar esa agua?”, cuestiona Víctor Mireles, investigador de la UNAM. “Porque, básicamente, así funciona”.
Pese al discurso oficial de sustentabilidad, las big tech como Google, Microsoft y Amazon no transparentan su consumo de recursos naturales ni las emisiones que generan sus centros de datos. Además, al no ser consideradas industrias contaminantes, estas instalaciones no están obligadas a informar sobre emisiones, descargas o consumo de agua, reconoció el secretario de Desarrollo Sustentable de Querétaro, Marco Antonio del Prete.
Expertos como la profesora Michelle Lazcano, del Cetys Universidad, advierten que la falta de regulación podría traducirse en aumentos en tarifas de agua y energía para la población.
Si bien algunos académicos señalan que los centros de datos pueden acelerar la digitalización y el desarrollo económico, otros especialistas advierten que sus beneficios no han sido claramente demostrados para los usuarios locales.
“Es una visión miope de atraer inversión a toda costa, sin medir los costos sociales ni ambientales”, lamentó Ana Gaitán, abogada de la Red en Defensa de los Derechos Digitales.
Mientras en Chile la presión ciudadana logró que Google cambiara su diseño de enfriamiento para evitar el uso masivo de agua, en México no hay mecanismos ni normativos ni sociales que cuestionen estas decisiones.
La Comisión de Inteligencia Artificial del Senado, creada apenas en 2024, planea publicar los primeros resultados de sus foros técnicos este mes de julio, pero el panorama legislativo sigue estancado.
“La inteligencia artificial y los centros de datos representan un reto regulatorio inédito”, admite Alonso Tamez, secretario técnico de dicha comisión. “Es una pesadilla regulatoria”, afirma, al referirse al dinamismo con que avanza la tecnología frente a la rigidez de los marcos legales tradicionales.
