El anuncio del Gobierno federal sobre un programa para regularizar viviendas del Infonavit que han sido ocupadas de forma ilegal encendió las alertas entre organismos del sector inmobiliario y de la industria de la vivienda, quienes consideran que la iniciativa vulnera principios legales fundamentales y podría sentar un peligroso precedente.
La propuesta, impulsada por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), plantea que personas que habitan casas sin ser propietarias ni contar con un crédito vigente puedan acceder a esquemas de renta con opción a compra, incluso si no son derechohabientes.
El planteamiento no cayó bien en la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de la Vivienda (Canadevi) ni en la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios de Occidente (ADI), que rechazaron la propuesta por considerarla contraria al marco jurídico actual.
“No es viable jurídicamente. ¿Cómo van a disponer de propiedades que no son suyas? Algunos de los propietarios originales aún siguen pagando su hipoteca”, cuestionó Karen Correa, presidenta nacional de la AMPI, quien advirtió sobre la incertidumbre que generaría la legalización de ocupaciones ilegales.
El comunicado conjunto de los organismos subraya que si bien están abiertos a colaborar en soluciones habitacionales para sectores vulnerables, cualquier medida debe respetar la legalidad y garantizar certeza jurídica a propietarios y desarrolladores.
“Estamos convencidos de que toda iniciativa debe implementarse garantizando en todo momento certeza jurídica para todos los involucrados. Es imperante hacer respetar el principio básico del derecho a la propiedad”, expresaron en un posicionamiento firmado por ADI y Canadevi.
De acuerdo con datos del propio Infonavit, en el país existen más de 843 mil viviendas con alguna condición de irregularidad. De ellas, al menos 144 mil se encuentran invadidas por personas sin derechos legales sobre los inmuebles.
En su versión preliminar, el programa contempla rentas accesibles con opción a compra en plazos de hasta cinco años, y prevé que los pagos se apliquen parcialmente al valor final de la vivienda. El esquema también ofrece reubicación o reestructuración de créditos para los propietarios afectados y contempla la rehabilitación de casas vandalizadas para su entrega a colectivos vulnerables.
Aunque la Secretaría de Gobernación aclaró que los inmuebles con denuncias por despojo quedarán fuera del programa, las organizaciones inmobiliarias consideran que la medida abre la puerta a la normalización de las invasiones.
“Debemos trabajar juntos para atender el déficit de vivienda, pero sin vulnerar los principios jurídicos que dan certidumbre al patrimonio de millones de familias”, insistió Correa.
El sector pidió instalar mesas de trabajo con el Gobierno para construir alternativas legales e incluyentes, pero dejaron claro que no respaldarán iniciativas que, bajo el argumento de justicia social, debiliten el Estado de derecho o incentiven la ocupación irregular.
