El Instituto Nacional de Migración (INM) otorgó entre 2021 y 2025 contratos por al menos 2 mil 777 millones de pesos mediante adjudicaciones directas a una empresa sin capacidad verificable para operar albergues, acumulando irregularidades, opacidad y falta de evidencia sobre los servicios pagados.
De acuerdo con una investigación realizada por el medio Animal Político, la empresa beneficiada, Grupo Caufi S.A. de C.V., recibió diez contratos para la instalación de albergues y puntos de rescate migratorio, a pesar de que su objeto social está enfocado en la organización de eventos y venta de alimentos. Previamente, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) había detectado irregularidades por más de 545 millones de pesos en la Cuenta Pública 2022 relacionadas con pagos a esta misma compañía.
Lejos de corregirse, las contrataciones continuaron y el monto total escaló a casi 2 mil 800 millones de pesos, manteniéndose el esquema de adjudicaciones directas y ampliándose las anomalías detectadas.
Entre las principales inconsistencias se documenta la falta de evidencia física de los albergues que debían operar conforme a los contratos, así como la imposibilidad de localizar a la empresa y a sus socios en los domicilios registrados. A ello se suma la opacidad en la información contractual, ya que el INM reservó o testó documentos clave, incluyendo contratos por casi dos mil millones de pesos y comprobantes de gasto sin desglose.
La investigación también señala que las facturas emitidas carecen de información detallada sobre los servicios prestados, lo que impide rastrear el destino de los recursos públicos ejercidos.
En conjunto, los hallazgos apuntan a un esquema sostenido de contratación irregular, falta de transparencia y ausencia de verificación en campo, en un contexto de manejo de recursos públicos destinados a la atención de personas migrantes.