La empresa importadora de combustible Ingemar, actualmente bajo investigación por presuntas prácticas de huachicol fiscal junto con la distribuidora Lambrucar, recibió permisos para importar cerca de 500 millones de litros de gasolina y diésel durante la gestión de Miguel Ángel Maciel en la Secretaría de Energía (Sener), en la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
Los permisos fueron autorizados por la Dirección de Petrolíferos, dentro de la Subsecretaría de Hidrocarburos de la Sener, y estuvieron vigentes hasta el año pasado. Sin embargo, ambas compañías están vinculadas a la introducción ilegal de combustibles al país.
La investigación señala que Ingemar y Lambrucar falsificaron documentos para registrar cargamentos de gasolina y diésel como “aditivos”, lo que les permitió evadir el pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), que asciende hasta 6.45 pesos por litro para gasolina y 7.09 pesos por litro para diésel. Además, alteraron sus obligaciones fiscales relacionadas con el pago de IVA e ISR.
Autoridades federales han documentado la incautación de 15 millones de litros de combustible en Saltillo y Ramos Arizpe, Coahuila, relacionados con el aseguramiento de un buque en marzo pasado en el puerto de Tampico, Tamaulipas. Esta acción derivó en órdenes de aprehensión y la detención de 11 personas en Saltillo. Asimismo, se localizaron 129 ferrotanques que transportaban el combustible ilícito desde el puerto hasta los patios de almacenamiento en Coahuila.
Ingemar es propiedad de José Merino Valdez Cuervo y Ricardo Thompson Navarro, y logró ingresar al mercado de combustibles mediante los permisos otorgados en 2023. Por su parte, Lambrucar, fundada en 2018 en Puebla, ha registrado cuatro cambios de propietarios y desde abril de 2025 opera en San Luis Potosí. Sus socios actuales son Martín del Real Guzmán, con domicilio en Jalisco, y Adrián Eugenio Luna, con sede en San Luis Potosí.
Este caso pone en evidencia un posible trato preferencial otorgado a estas empresas durante la pasada administración, mientras que actualmente son objeto de una investigación por tráfico ilegal y evasión fiscal en el sector energético.