El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) anunció un programa que busca ofrecer en venta viviendas abandonadas, invadidas o con problemas de pago, principalmente aquellas construidas y luego recuperadas por el propio instituto. La intención es permitir que los actuales habitantes, ya sean antiguos propietarios o nuevos ocupantes, puedan acceder a esquemas de arrendamiento o compra.
Sin embargo, especialistas advierten que el programa aún no cuenta con reglas de operación, por lo que no es posible conocer con claridad su alcance ni cómo se evitarán abusos. Además, han subrayado que no se trata de una legalización de invasiones a propiedad privada.
“Este programa no es para viviendas privadas. Eso sí es clarísimo”, señaló la especialista en vivienda, Carla Escoffié en una entrevista dada al sitio web Animal Político. “El Infonavit no puede invalidar códigos civiles o penales”, puntualizó.
¿Qué se sabe hasta ahora?
La propuesta fue mencionada por Octavio Romero Oropeza, director del Infonavit, en la conferencia presidencial del lunes pasado. Afirmó que no habrá desalojos y que las personas que habitan viviendas en situación irregular podrán participar en un proceso de regularización que incluiría arrendamiento y, eventualmente, la adquisición de la propiedad.
En el mismo sentido, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, aclaró el 17 de junio que el programa no aplicará para casos en los que haya denuncias por despojo o allanamiento. “Ninguna autoridad puede pasar por encima de una denuncia seria en donde hay un propietario”, afirmó.
Según datos oficiales, el Infonavit estima que existen alrededor de 843 mil viviendas “emproblemadas”, es decir, abandonadas, vandalizadas o habitadas de forma irregular. Un censo elaborado junto con la Secretaría del Bienestar contabilizó, al 28 de mayo, 168 mil viviendas, de las cuales 145 mil están ocupadas por personas que ya no pagan su crédito o que las invadieron, y 23 mil están completamente deshabitadas.
Aún sin reglas ni reformas legales
Los expertos coinciden en que es fundamental conocer los lineamientos oficiales del programa, los cuales aún no han sido publicados en el Diario Oficial de la Federación. Marcos Bravo, académico de la UNAM, advirtió que para incluir a personas sin seguridad social, se requerirá incluso una reforma a la Ley del Infonavit, que actualmente sólo permite el arrendamiento de viviendas a derechohabientes.
Por su parte, Silvia Emanuelli, coordinadora regional de la organización Hábitat International Coalition para América Latina (HIC-AL), consideró positiva la intención de evitar desalojos y encontrar alternativas al modelo fallido de subastas. “Se abre una puerta distinta, aunque falta mucha claridad aún”, apuntó.
El Infonavit ya opera el programa Regeneración Comunitaria, enfocado en rehabilitar, ampliar o demoler viviendas en mal estado con participación de empresas privadas, aunque su alcance ha sido limitado frente al déficit nacional de vivienda.
El rezago habitacional y el reto del nuevo gobierno
De acuerdo con el Reporte de Vivienda 2023 del propio Infonavit, el déficit habitacional en México asciende a 1.2 millones de viviendas en 74 zonas metropolitanas. La producción de vivienda, además, sigue en descenso: en 2024 cayó un 2.2%, con una reducción de 5 mil 600 viviendas económicas-populares respecto al año anterior.
Este contexto explica el anuncio de la presidenta electa Claudia Sheinbaum, quien se comprometió en octubre de 2024 a construir un millón de viviendas nuevas y regularizar otro millón durante su sexenio.
Por ahora, tanto especialistas como organizaciones civiles se mantienen atentos a la publicación de las reglas del nuevo programa de Infonavit, que podría significar un cambio importante en el acceso a vivienda, siempre y cuando no abra la puerta a la legalización de la ocupación ilegal o a la desprotección de propietarios legítimos.