El Instituto Nacional Electoral (INE) decidió exonerar a Morena de una multa de 55 millones 299 mil pesos por la compra y remodelación de inmuebles durante 2020, pese a que la Unidad Técnica de Fiscalización confirmó irregularidades en los pagos y anticipos a dos empresas contratadas por el partido.
Con seis votos a favor y cinco en contra, el bloque encabezado por la presidenta Guadalupe Taddei, con el respaldo de la consejera Dania Ravel, declaró “infundadas” las irregularidades, mientras que la oposición dentro del consejo advirtió riesgos de un precedente que podría socavar la fiscalización de los partidos.
El caso se remonta a 2020, cuando Alfonso Ramírez Cuéllar, entonces dirigente de Morena, denunció a su antecesora Yeidckol Polevnsky por la compra de inmuebles por 395 millones de pesos, que incluyó anticipos y pagos a empresas acusadas de incumplimiento y trabajos “fantasma”. Tras cinco años de investigación, el INE detectó que Morena no comprobó 109 millones 782 mil pesos derivados de esos anticipos, así como 817 mil pesos adicionales por gastos no acreditados.
A pesar de ello, Morena llegó a un acuerdo con las empresas, que sólo devolverán 284 mil pesos, y defendió que sancionar al partido representaría una injusticia. “Sancionar a Morena sentaría un precedente peligroso, desintegraría a los partidos políticos a defender sus recursos por la vía legal”, argumentó el representante del partido, Rafael Santiago.
Los cinco consejeros que votaron por la multa cuestionaron la lógica del acuerdo y la responsabilidad de las empresas. “Si fue el proveedor quien presumiblemente incumplió el contrato, entonces debió ser el proveedor quien pagara la penalización. Si ambos incumplieron, la pena convencional queda sin efecto”, señaló Arturo Castillo, evidenciando la paradoja de sancionar legalmente a quien ya había pactado un acuerdo.
Especialistas y críticos advierten que la decisión del INE podría debilitar la supervisión financiera de los partidos y generar un mensaje de impunidad, al permitir que acuerdos privados limiten la responsabilidad ante la autoridad electoral.