El Instituto Nacional Electoral (INE) defendió la anulación de las constancias de mayoría entregadas a 45 personas electas como magistrados y jueces del Poder Judicial, al argumentar que su actuación se basó en una facultad constitucional y en el cumplimiento estricto de los requisitos de elegibilidad establecidos en la ley.
El consejero electoral Jaime Rivera aseguró que el INE no inventó los criterios académicos, promedios mínimos de 8 en la licenciatura en Derecho y de 9 en las materias de especialidad, sino que se limitó a aplicarlos conforme a lo estipulado. A su juicio, fue el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) quien “reinterpretó” la Constitución al restituir a los aspirantes su triunfo.
“Nosotros aplicamos lo que la ley dice; el Tribunal hizo una interpretación diferente de la ley. Los promedios están en la ley, no los inventó el INE. El Instituto ya no tiene nada que decir, el Tribunal, en plena jurisdicción, que decida quiénes son los elegibles desde su interpretación”, declaró.
El pasado 26 de junio, con una votación dividida, el Consejo General del INE anuló los resultados de 24 magistrados y 21 jueces electos por no cumplir con los promedios exigidos. El organismo también señaló deficiencias por parte de los Comités de Evaluación, integrados por representantes de los tres Poderes de la Unión, al no advertir estas irregularidades en la fase previa del proceso.
Sin embargo, el miércoles pasado, el TEPJF resolvió que el INE se extralimitó en sus funciones al revisar nuevamente los requisitos, pues esta tarea ya había sido realizada por los Comités. Con el voto de los magistrados Mónica Soto, Felipe Fuentes y Felipe de la Mata, se restituyó a 15 de los aspirantes, y se anticipó que se hará lo mismo con los otros 30 en los siguientes días.
En los proyectos presentados el viernes, el magistrado De la Mata argumentó que el INE evaluó de forma “arbitraria” las materias especializadas, lo que derivó en promedios erróneos para candidatos como Sixto Iván Rivera López y Norma Leticia Aguilar Estrada.
Desde la sociedad civil, las decisiones del Tribunal también fueron criticadas. Arturo Espinosa, director de Laboratorio Electoral, consideró “penoso” el actuar del TEPJF, al señalar que fue incongruente con sus propias sentencias previas.
“El Tribunal había dicho que sí tenía facultad el INE, que había dos momentos para revisar los requisitos; ahora dice que no. La peor actuación en todo el proceso es del Tribunal Electoral”, subrayó.
Afirmó que, lejos de ofrecer claridad, los magistrados han abonado a la confusión jurídica. “El Tribunal genera muchísima confusión, su actuación ha sido terrible”, lamentó.