Pese a que el combate al robo de combustibles fue uno de los principales estandartes del presidente Andrés Manuel López Obrador al inicio de su sexenio, los datos y operativos recientes confirman que el llamado huachicol no solo no se ha erradicado, sino que sigue siendo un negocio criminal millonario, activo y con redes bien organizadas.
La mayor incautación de hidrocarburos de este gobierno ocurrió apenas este lunes. El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que en operativos conjuntos realizados en los municipios de Ramos Arizpe y Saltillo, Coahuila, se aseguraron 129 carrotanques cargados con más de 15 millones de litros de diésel, gasolina y destilados de petróleo de procedencia ilícita.
“Es el aseguramiento de hidrocarburo más grande de la presente administración”, escribió Harfuch en su cuenta de X. Las acciones fueron coordinadas entre la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República y autoridades estatales.
La operación, sin embargo, no es un hecho aislado.
Tan solo unos días antes, el 30 de junio, se desmanteló una red dedicada al robo y venta ilegal de hidrocarburos con presencia en la Ciudad de México, el Estado de México y Querétaro. En total, 32 personas fueron detenidas y se aseguraron 12 inmuebles que servían como bodegas y centros de distribución del combustible robado. La organización, liderada por Cirio Sergio “N” y Luis Miguel “N”, extraía gas LP y gasolina directamente de ductos perforados, y los distribuía en gasolineras aparentemente legales.
El operativo también derivó en el decomiso de vehículos, pipas, tractocamiones, armas, municiones y más de 15.8 millones de pesos en efectivo.
Aun con estos golpes a grupos delincuenciales, los datos muestran una tendencia preocupante: entre enero y mayo de 2025, las denuncias por robo de combustible en el centro del país aumentaron 29% respecto al mismo periodo de 2024, según cifras de la propia Pemex entregadas a la FGR.
Querétaro encabeza la lista con un alarmante 53% de incremento, seguido por Hidalgo, Estado de México y la Ciudad de México. Pemex ha promediado 181.5 denuncias mensuales por ordeña de ductos y transporte ilegal. Municipios como San Juan del Río o Huehuetoca siguen siendo focos rojos donde la venta clandestina persiste, incluso, según reportes ciudadanos, con conocimiento o permisividad de autoridades locales.
En estados como Tabasco y Guanajuato, donde el control del huachicol es disputado por cárteles, también se reportan incrementos del 9 y 20 por ciento, respectivamente.
Un cáncer que no desaparece
El gobierno federal presume desde 2019 haber reducido considerablemente el robo de combustibles. No obstante, las cifras actuales y los recientes aseguramientos indican que el problema sigue enquistado en múltiples regiones del país, y con redes criminales que, lejos de haberse extinguido, se han adaptado y sofisticado.
El huachicol —antes visible en largas filas para rellenar bidones en carreteras— ahora opera con estructuras empresariales, rutas definidas, complicidades institucionales y, sobre todo, una alta rentabilidad. La narrativa oficial contrasta cada vez más con la realidad en territorio.
Mientras los decomisos históricos son celebrados en redes sociales, la pregunta sigue en el aire: ¿cómo es posible que, seis años después, el huachicol siga tan vivo como al inicio del sexenio?