Los gobiernos estatales de Morena concentran la mayoría de las desapariciones en México, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO). De los cinco estados con más casos acumulados hasta el 26 de junio de 2025, tres están gobernados por el partido oficialista.

La lista la encabeza Jalisco, con 15 mil 386 personas desaparecidas, donde gobierna Movimiento Ciudadano por segundo sexenio consecutivo. Sin embargo, lo siguen de cerca entidades gobernadas por Morena: Estado de México (14 mil 186 casos), Tamaulipas (13 mil 498) y Veracruz (6 mil 997).

A esta tendencia se suma el caso de Tabasco, bastión político del exsecretario de Gobernación y actual senador Adán Augusto López, donde se han reportado mil 546 personas desaparecidas al 15 de noviembre de 2024, la cifra más alta del sureste del país. La violencia en la entidad se ha recrudecido desde 2014 y se mantiene al alza, en medio de señalamientos contra exfuncionarios estatales.

Uno de los casos más delicados es el del exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco durante el gobierno de López Hernández, acusado de vínculos con la organización criminal La Barredora, grupo señalado por diseminar la violencia en el sur del país.

A nivel nacional, el número total de personas desaparecidas y no localizadas asciende a 129 mil 638, cifra que continúa creciendo pese a los esfuerzos legislativos.

Apenas este mes, con el respaldo de la súper mayoría de Morena y sus aliados, se aprobó una reforma en materia de personas desaparecidas. Esta modificación legal plantea la creación de una base de datos biométrica, alimentada por registros del RNPDNO, con el objetivo de fortalecer las capacidades de búsqueda y localización. Sin embargo, organizaciones de familiares de víctimas han señalado que la legislación no aborda el fondo del problema: la impunidad y colusión de autoridades con grupos delictivos.

Aunque el discurso oficial insiste en que la reforma representa un avance en la política pública, activistas y colectivos afirman que las desapariciones no se han detenido y que los gobiernos estatales han sido incapaces de articular una respuesta efectiva.

Mientras tanto, los estados gobernados por Morena acumulan más de 35 mil casos, lo que representa cerca del 30 por ciento del total nacional, lo que coloca al partido en el poder ante un serio cuestionamiento sobre sus estrategias de seguridad.