El caso de Diego Fernando Bonilla, un hombre indígena ñuhú de 45 años originario de la sierra norte de Veracruz, pone nuevamente bajo la lupa a las autoridades ministeriales del estado, al revelarse que fue torturado por policías para incriminar a un agente por un homicidio que no presenció. La Fiscalía General del Estado cerró la investigación por tortura sin haber realizado diligencia alguna.
Todo ocurrió la noche del 29 de mayo de 2023 en la comunidad El Pericón, municipio de Texcatepec. Diego visitaba a su amigo Adán Reyes cuando, en medio de la charla y mientras ambos bebían cerveza, un disparo acabó con la vida de Adán. Diego se lanzó al suelo, presa del miedo, sin alcanzar a ver al agresor, pues la zona carece de alumbrado público y solo los alumbraba un débil foco en la terraza.
Sin embargo, su testimonio fue distorsionado. Policías ministeriales lo llevaron a declarar ante la Fiscalía en Huayacocotla sin ofrecerle un traductor, pese a que su lengua materna es el ñuhú y apenas habla español, lo torturaron y lo obligaron a firmar una hoja en blanco. Posteriormente, frente a un intérprete, relató lo que ocurrió, pero su declaración fue ignorada y en su lugar, se redactó una versión que él no comprendía y que fue utilizada para incriminar a Silverio Reyes, hermano de la víctima y entonces aspirante a segundo comandante municipal.
“Ellos me querían obligar. Yo les dije: ¿cómo voy a decir si no sé?”, declaró Diego, quien exige justicia no solo por la tortura que sufrió, sino por la manipulación de su testimonio para construir una acusación sin sustento.
El 30 de junio de 2023, con el respaldo del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y del Comité de Derechos Humanos de la Sierra Norte de Veracruz, Diego denunció la tortura. Sin embargo, el 25 de marzo pasado, la Fiscalía de Tortura resolvió no ejercer acción penal y remitió el expediente a otra fiscalía, que semanas después lo dio por cerrado sin realizar entrevistas clave ni recabar pruebas.
“No hay un argumento como tal. Dijeron ‘no hay delito’, pero sin investigar”, denuncia el abogado Isaac Romero. La defensa asegura que ni siquiera se recabó el testimonio de la esposa del fallecido, quien escuchó los gritos de Diego durante el interrogatorio.
Para el abogado José de Jesús Segovia Villeda, del Centro Prodh, el caso también exhibe las barreras estructurales que enfrentan las personas indígenas al intentar acceder a la justicia. Diego nunca tuvo un traductor al momento crucial de su detención y firma de declaración, una omisión frecuente documentada por organizaciones como el Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción (CEPIADET).
Veracruz es actualmente la entidad con más víctimas registradas por tortura en el país, con 4 mil 061 personas afectadas entre 2019 y 2024, según cifras de la Fiscalía General de la República. Las autoridades más señaladas son justamente aquellas responsables de procurar justicia: la Policía Ministerial y las Secretarías de Seguridad Pública estatales.
“El caso de Diego no es aislado, responde a un patrón de uso sistemático de la tortura como método de investigación”, apunta Neftaly Pérez Rodríguez, también abogado del Centro Prodh.
Pero más allá de las cifras, el impacto humano en Diego y su comunidad es profundo. De acuerdo con su cosmovisión otomí, la experiencia de tortura lo hizo perder su “sombra” o alma. Dejó de comer, tuvo episodios de estrés y se aisló de su familia. Fue necesario un proceso comunitario de sanación y la intervención de curanderos para ayudarle a recuperar su estabilidad.
Ahora, no solo Diego, sino también su comunidad, exigen justicia. “No me pueden dejar así. A lo mejor no hablo español, soy ñuhú, pero tienen que hacerme justicia”, expresó Diego en un mensaje traducido por sus acompañantes.
Este miércoles 12 de junio, un juzgado en Xalapa resolverá la impugnación presentada por su defensa contra el cierre de la investigación por tortura. Las organizaciones que acompañan a Diego esperan que se reabra el caso y que se investigue a los agentes señalados.