Un inmueble con drenaje precario, conexiones eléctricas ilegales y sin licencia sanitaria es el lugar al que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) pretende transferir a pacientes con insuficiencia renal crónica a partir del 1 de julio de 2025 en Autlán de Navarro, Jalisco.
La unidad de hemodiálisis “Infarind Autlán”, operada por la empresa INFARIND S.A. de C.V., ha sido señalada por derechohabientes como un sitio de alto riesgo sanitario.
Los afectados, adscritos al Hospital General de Zona No. 20 del IMSS, han presentado denuncias formales ante la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), la Secretaría de la Función Pública, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Órgano Interno de Control del IMSS.
Las quejas, constatadas por este medio, y recibidas el 30 de junio por diversas autoridades federales, documentan una serie de anomalías que podrían vulnerar los derechos humanos de los pacientes y contravenir normativas sanitarias básicas. Las denuncias fueron agrupadas y promovidas por el abogado José Rómulo Hernández Santana, quien actúa como representante legal de los enfermos.
Un espacio no apto ni para almacenar, mucho menos para curar
Según los testimonios recabados, la clínica se encuentra instalada en lo que parece ser una bodega industrial, regularmente cerrada incluso durante horarios de atención. La dirección del inmueble, ubicado en Prolongación Guadalupe Victoria #3328, ni siquiera cuenta con conexión al sistema de alcantarillado municipal.
Y es que una constancia emitida por el Sistema Municipal de Agua, Alcantarillado y Saneamiento (SIMAAS) confirma que el edificio opera con una fosa séptica que debe desazolvarse de forma continua. Esto representa un foco de infección constante, incompatible con el tipo de atención médica que deben recibir pacientes inmunocomprometidos.
Electricidad clandestina y ausencia de supervisión médica
Peor aún, el inmueble no cuenta con medidor oficial de la Comisión Federal de Electricidad. En su lugar, se detectó una conexión ilegal de energía mediante el sistema conocido como “diablito”, lo que constituye un delito federal.
Esto pone en duda la capacidad de la unidad para mantener en funcionamiento adecuado los equipos médicos, garantizar la atención en emergencias y, en términos generales, brindar un servicio seguro.
Los denunciantes también aseguran que el nefrólogo, el médico especializado en enfermedades renales, solo acudirá a la unidad dos veces al mes, y únicamente con cita previa. De acuerdo con la norma sanitaria, una clínica de hemodiálisis debe contar con un nefrólogo presente en todo momento durante su operación.
Sin licencia sanitaria y con números sospechosos
La situación se agrava con la falta de licencia sanitaria para operar como clínica de hemodiálisis. Una revisión en el registro oficial de COFEPRIS mostró que “Infarind Autlán” no cuenta con dicho documento, indispensable para brindar este tipo de atención médica especializada.
Además, los teléfonos de contacto proporcionados por la empresa no corresponden a la clave lada de Autlán, lo que aumenta la incertidumbre sobre la formalidad de su operación local.
«Estamos en riesgo de morir por omisiones del Estado»
Las personas afectadas han exigido una investigación sobre los motivos detrás de la contratación de esta empresa. En su denuncia expresan su preocupación por la posibilidad de que existan “otros intereses” detrás de la decisión de adjudicar la atención médica a una unidad que incumple normas básicas.
Mientras tanto, los firmantes han manifestado su decisión de no presentarse en la clínica hasta que se garantice su seguridad y se emita una resolución que verifique las condiciones mínimas para operar.
El caso se suma a una larga lista de denuncias en el sistema de subrogación de servicios médicos del IMSS, en donde las condiciones de contratación suelen priorizar el costo económico sobre la calidad y seguridad del servicio.