La justicia de Estados Unidos ha convertido el decomiso de bienes ilícitos en su principal arma contra narcotraficantes mexicanos. Los casos muestran un patrón: quienes entregan fortunas al Departamento de Justicia (DOJ) logran sentencias reducidas, beneficios de protección y hasta discreción en sus expedientes; quienes no pueden pagar, enfrentan cadenas perpetuas o castigos ejemplares.
El ejemplo más reciente es el de Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, quien el 11 de julio se declaró culpable de cuatro cargos en una corte de Chicago y aceptó entregar 80 millones de dólares. La orden de decomiso establece que la suma debe quedar registrada en las arcas del DOJ antes de que se dicte su sentencia.
El acuerdo se selló apenas 10 meses después de su extradición en septiembre de 2023. En ese periodo, Ovidio pasó de estar bajo custodia del Buró de Prisiones a colaborar con fiscales. En mayo de este año, 17 miembros de su familia ingresaron a Estados Unidos bajo programas de protección.
Un mecanismo legal y rentable
La práctica no es nueva. Desde 1984, con la aprobación de la Ley Integral para el Control del Delito, el DOJ creó el Fondo de Decomiso de Bienes (FDB). Los recursos confiscados se utilizan para financiar operaciones policiales, pagar horas extras, combustible o incluso comprar evidencia en casos de narcotráfico.
Un análisis del Instituto Cato apunta que la motivación financiera es evidente: el FBI y la DEA dependen en parte de los bienes decomisados para sostener sus programas. En 15 años, los ingresos federales por esta vía crecieron más del mil por ciento.
Narcos que pagaron y obtuvieron beneficios
Los expedientes revisados confirman que la cooperación económica cambia destinos judiciales:
- Francisco Javier Arellano Félix “El Tigrillo”, detenido en 2006, entregó 50 millones de dólares. Su condena bajó de cadena perpetua a 23 años, aunque su paradero actual es desconocido.
- Vicente Zambada Niebla “El Vicentillo” aceptó un decomiso por más de mil 300 millones de dólares y testificó contra otros capos, incluido su padrino “El Chapo”. Estuvo preso solo 12 años de los 15 dictados y hoy vive bajo protección.
- Ismael Zambada Imperial “El Mayito Gordo” entregó 5 millones de dólares y recuperó la libertad en 2022, tras nueve años de cárcel.
- Raúl Flores Hernández “El Tío”, con una multa de 280 millones, negoció su condena en 21 años, aunque había enfrentado la posibilidad de cadena perpetua.
- En contraste, Joaquín Guzmán Loera recibió una sanción histórica de 12 mil 666 millones de dólares y cadena perpetua sin opción de reducción.
Quienes no tienen fortuna, pagan con años
Los capos sin recursos millonarios no obtienen la misma “benevolencia”. Alfredo Beltrán Leyva, “El Mochomo”, recibió cadena perpetua con una multa reducida a 529 millones, que nunca se recuperó. Gerardo González Valencia, de “Los Cuinis”, fue condenado a perpetua y multado con 341 millones; Óscar Nava Valencia “El Lobo” pagó apenas 5 mil dólares y pasó 14 años preso antes de salir como testigo.
Negociaciones en curso
El próximo 25 de agosto, Ismael “El Mayo” Zambada podría declararse culpable en Nueva York. Su caso abre la incógnita sobre el monto del decomiso que exigirá la fiscalía y si, como ocurrió con su hijo “El Vicentillo”, el pago de millones definirá el rumbo de su sentencia.
Una política cuestionada
Los críticos sostienen que este sistema convierte la justicia en un mecanismo de “vigilancia con fines de lucro”. Para el DOJ, en cambio, el objetivo es debilitar financieramente a los cárteles y reparar el daño.Lo cierto es que, tras revisar más de 30 expedientes en cortes estadounidenses, el patrón se repite: quien paga, negocia; quien no, se hunde en la prisión perpetua.