La relación bilateral en materia de seguridad entre Estados Unidos y México entró en una etapa inédita durante el primer año del segundo mandato de Donald Trump. En apenas doce meses, la política antidrogas estadounidense dejó de concebir a los cárteles como estructuras criminales tradicionales y los colocó en el centro de una ofensiva “antiterrorista”, con implicaciones jurídicas, financieras y diplomáticas de alto impacto para ambos países.
La nueva estrategia comenzó a delinearse el 20 de enero de 2025, cuando Trump anunció, en su discurso de toma de posesión, la firma de una serie de órdenes ejecutivas que sentaron las bases de un cambio conceptual profundo. Un mes después, el Departamento de Estado formalizó la designación de cárteles mexicanos como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTOs), una medida que activó herramientas legales reservadas históricamente para amenazas de seguridad nacional.
Bajo esta lógica, la Casa Blanca justificó el uso de instrumentos financieros, sanciones internacionales y recompensas millonarias, además de un discurso cada vez más duro. La tensión se agravó tras la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro, cuando Trump advirtió que su gobierno no descartaba acciones terrestres contra los cárteles, al insistir en que estos grupos “gobiernan México”.
Este martes, durante un encuentro en la Casa Blanca, Trump retomó el tema al hacer un balance de su primer año de gobierno:
“Pronto vamos a comenzar a detener a las drogas que llegan por tierra. Es más fácil hacerlo por tierra”, afirmó, al asegurar que Estados Unidos ya incauta “casi el 100%” de los cargamentos que llegan por mar.
El punto de quiebre se concretó el 20 de febrero de 2025, cuando el Departamento de Estado designó oficialmente como FTOs y Terroristas Globales Especialmente Designados (SDGTs) a seis organizaciones mexicanas:
Cártel del Golfo (CDG), Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Cártel del Noreste (CDN), Cártel de Sinaloa, Cárteles Unidos y La Nueva Familia Michoacana.
La lista también incluyó a la Mara Salvatrucha (MS-13) y al Tren de Aragua, ampliando el alcance regional de la ofensiva. Al invocar la Ley de Enemigos Extranjeros de 1978, Washington elevó el fenómeno del narcotráfico a una amenaza terrorista transnacional, con capacidad de justificar intervenciones más agresivas.
Uno de los pilares de la estrategia ha sido el uso de recompensas económicas para desmantelar las cúpulas criminales. En total, el Departamento de Estado ha comprometido al menos 79 millones de dólares.
El objetivo prioritario es Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del CJNG, por quien Estados Unidos ofrece 15 millones de dólares, al acusarlo de tráfico de fentanilo, metanfetamina y cocaína.
En la misma estructura criminal figura Audías Flores Silva, alias “El Jardinero” o “Mata Jefes”, con una recompensa de 5 millones de dólares.
Del Cártel de Sinaloa, destacan Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, “Los Chapitos”, por quienes se ofrecen 10 millones de dólares por cada uno.
A esta lista se suma Juan José Ponce Félix, “El Ruso”, identificado como líder de “Los Rusos”, brazo armado de “La Mayiza”, con una recompensa de 5 millones de dólares. La guerra interna que vive el Cártel de Sinaloa desde 2024 ha sido considerada por EU como un factor adicional de inestabilidad regional.
En abril de 2025, Washington anunció recompensas de hasta 8 millones de dólares por los líderes de La Nueva Familia Michoacana, y de forma llamativa, destinó 26 millones de dólares a cabecillas de Cárteles Unidos, subrayando su peso estratégico.
Más allá de las recompensas, el Departamento del Tesoro desplegó sanciones dirigidas a redes financieras del CJNG. El 1 de mayo de 2025, EU castigó a una estructura vinculada no solo al tráfico de fentanilo, sino también al robo de combustible y contrabando de petróleo crudo, actividades con impacto directo en la economía mexicana.
El 13 de agosto de 2025, las sanciones se ampliaron a líderes involucrados en fraudes inmobiliarios de tiempo compartido (timeshare), delitos que afectan directamente a ciudadanos estadounidenses.
En el plano diplomático, la ofensiva avanzó en paralelo a una coordinación bilateral. El 27 de febrero de 2025, el secretario de Estado Marco Rubio agradeció a México la expulsión de 29 figuras clave del crimen organizado.
El 12 de agosto de 2025, el Gobierno mexicano realizó una segunda entrega masiva, y el 20 de enero de 2026 concretó una tercera, con 37 personas adicionales, para un total de 92 presuntos operadores criminales entregados durante el sexenio de Claudia Sheinbaum.
A un año de distancia, la estrategia de Trump marca un precedente histórico: traslada la lucha contra el narcotráfico del terreno de la seguridad pública al de la seguridad nacional, redefine a los cárteles mexicanos como amenazas terroristas globales y abre un nuevo capítulo en una relación bilateral marcada por la cooperación, pero también por la incertidumbre y la presión geopolítica.