Un fallo judicial obligará a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) a pagar 9 mil 500 millones de pesos a una empresa privada, luego de que un juez federal determinara que la dependencia incurrió en errores procesales durante un litigio relacionado con la compra de equipo de espionaje.
La resolución favorece a Security Tracking Devices (STD), compañía que vendió tecnología de intervención y geolocalización al Ejército mexicano durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. De acuerdo con el fallo, la Sedena no logró acreditar de manera adecuada los argumentos con los que buscaba invalidar el contrato, además de cometer omisiones en la integración del expediente.
El juez concluyó que el director jurídico de la Sedena incurrió en fallas que derivaron en la pérdida del juicio, al no presentar pruebas suficientes ni sostener correctamente la defensa legal del Estado. Estas inconsistencias impidieron revertir la sentencia en instancias posteriores.
El caso se remonta a la adquisición de equipos utilizados para labores de inteligencia, operación que desde su origen estuvo envuelta en controversia por presuntas irregularidades y vínculos con prácticas de espionaje. La empresa proveedora fue señalada en el pasado por su relación con el uso de tecnología intrusiva, lo que generó investigaciones y cuestionamientos públicos.
La sentencia representa uno de los golpes financieros más severos para la Sedena en materia de litigios, al comprometer recursos públicos por una cifra multimillonaria. Hasta el momento, la dependencia no ha emitido una postura oficial sobre si buscará impugnar nuevamente la resolución o fincar responsabilidades administrativas por el manejo del caso.
El fallo reaviva el debate sobre la opacidad en las compras gubernamentales, la rendición de cuentas dentro de las Fuerzas Armadas y el uso de tecnología de vigilancia por parte del Estado.