Durante el actual sexenio, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) adjudicó de forma directa más de mil 130 millones de pesos en contratos de medicamentos a dos empresas vinculadas a Fernando Bilbao Arrieta, yerno de la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle. Las compañías vendieron fármacos con hasta 885 por ciento de sobreprecio y, en varios casos, ni siquiera hay pruebas de que los productos hayan sido entregados, según una investigación de Animal Político.
Las empresas *Ethomedical S.A. de C.V.* y *Abastecedora de Medicinas y Materiales S.A. de C.V.* –ligadas a Aldo Díaz Pérez, socio de Bilbao Arrieta y exfuncionario de Segalmex implicado en el desvío de 17 mil millones de pesos– recibieron 761 contratos sin licitación entre 2020 y 2024. Los convenios se concretaron con al menos 20 delegaciones del IMSS, incluyendo la de Jalisco.
Un análisis del gasto revela que el gobierno habría pagado hasta 500 millones de pesos de más debido al sobreprecio. Por ejemplo, en 2021, *Ethomedical* vendió Bleomicina, un medicamento oncológico, a 3 mil 200 pesos la unidad a la delegación del IMSS en Baja California, pese a que el Instituto Nacional de Pediatría lo compró en solo 329 pesos.
Casos similares se repitieron con otros tratamientos como Sitagliptina, para la diabetes, adquirida hasta en 850 pesos, mientras su precio real era de 118 pesos en compras consolidadas. Además, hay registros de entregas incompletas o inexistentes. En Guanajuato se pagaron 12 millones por Enoxaparina, pero sólo se entregaron 10 mil de 17 mil unidades.
Las irregularidades no frenaron la bonanza de estas compañías. *Ethomedical* pasó de tener contratos por apenas 2 millones en 2015 a recibir más de mil millones en este sexenio. A pesar de haber sido enlistada por Cofepris como proveedor irregular en 2022, la red empresarial se reconfiguró: la familia Díaz Muñoz creó otra firma, *Abastecedora de Medicinas*, que continuó recibiendo contratos. Incluso, *Birmex* le compró por 63 millones en 2023 y 2024.
El IMSS justificó las adquisiciones argumentando que no existían impedimentos legales para contratar a las proveedoras, y que los precios se definieron tras estudios de mercado. Sin embargo, ni *Birmex* ni la gobernadora Nahle respondieron a solicitudes de entrevista.
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Los millonarios contratos contrastan con el drama de pacientes que enfrentan la falta de medicamentos en hospitales públicos. Sara Montenegro, exasistente médica del IMSS en Tijuana, tuvo que hipotecar su casa para pagar radioterapias privadas tras recibir un diagnóstico de cáncer. El aparato de su clínica estaba descompuesto y no había certeza de cuándo sería reparado. Aún hoy debe pagar de su bolsillo un medicamento mensual cuyo precio ronda los 4 mil pesos.
“Hay gente que se ha muerto porque no les han dado el tratamiento y no tienen cómo comprarlo”, relató Sara, quien se ha visto obligada a buscar medicinas en redes sociales y entre donaciones de otros pacientes.
El caso de Sara no es único. Según datos de la Encuesta Nacional de Ingreso Gasto de los Hogares (ENIGH), el gasto de las familias en medicamentos aumentó 39% entre 2018 y 2022, siendo los sectores más pobres los más afectados.
La estrategia de “austeridad” impulsada por el presidente López Obrador para centralizar la compra de medicinas fracasó en cinco intentos, lo que abrió la puerta a contrataciones irregulares. De hecho, durante este sexenio el gasto en fármacos aumentó 29% respecto al anterior, pasando de 61 mil millones de pesos en 2018 a 79 mil millones en 2024, pero con menor volumen de medicinas adquiridas.
Los sobreprecios no solo impactaron el presupuesto, también pusieron en riesgo la salud de miles de mexicanos.