Luis Hernández Navarro, coordinador de opinión de ‘La Jornada’, analiza las tensiones entre la pretensión de AMLO de refundar México y la realidad del país.

Para entender qué significa la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de México y los retos del Gobierno y del país en este nuevo sexenio, Horizontal ha circulado este cuestionario entre intelectuales y analistas. Hoy contesta Luis Hernández Navarro, coordinador de opinión de La Jornada.

1. ¿Qué debemos entender como cuarta transformación?

De manera recurrente, AMLO ha dicho que se propone encabezar la cuarta transformación en la historia de México. No es una propuesta más, sino uno de los ejes centrales de su proyecto. Se trata, ni más ni menos, de refundar el Estado mexicano.

López Obrador sabe de lo que habla. Ha estudiado, investigado y escrito sobre historia de México. Su visión de la política está anclada en una reflexión genuina y original sobre lo sucedido en el país.

Sin embargo, a pesar de ello, el candidato no ha precisado ni detallado su iniciativa de “Cuarta Transformación”. La ha ido desgranando a lo largo de la campaña en mitines y debates, o en declaraciones como presidente electo, enunciando en lo general algunos de sus rasgos. Se trata —ha dicho— de un cambio profundo, pacífico y radical, que arrancará de raíz el régimen corrupto, de injusticia y privilegios; de una metamorfosis del cuerpo político en el que la soberanía volverá a radicar en el pueblo.

Como ha explicado Enrique Semo, las revoluciones de Independencia, Reforma y Revolución tuvieron objetivos precisos asociados a la conformación del capitalismo y la nación. Pero ahora, a diferencia de ellas, no se ha explicado cuál es el punto de llegada de esta cuarta transformación, ni sus fuerzas motrices y dirigentes, ni su programa.

Las revoluciones de Independencia, Reforma y Revolución parieron nuevas constituciones. López Obrador ha rechazado convocar a una nueva constituyente. Más aún, ha anunciado que no promoverá cambios en la Carta Magna durante los tres primeros años de su gobierno.

¿Cómo se puede refundar una nación y formalizar jurídicamente un nuevo pacto social sin una nueva Constitución? ¿Luchando contra la corrupción? Por supuesto que es muy importante moralizar la vida pública del país. Pero, aunque la lucha contra la corrupción sea condición necesaria para inaugurar una nueva etapa en la vida pública del país, no es suficiente para hacerlo.

Para el presidente electo, la corrupción es el principal problema del país. Según él, la desigualdad se relaciona no con la explotación del patrón al obrero sino por la corrupción de la “mafia” que gobierna. Desde su punto de vista, quienes hablan de explotación están equivocados porque “en México, esas leyes no aplican”.

En nuestro país –explica Enrique Semo– la era de las revoluciones burguesas se clausuró en 1940. Ningún gran movimiento social transformador puede tener como signo el desarrollo del capitalismo o la constitución de la nación. Esto quiere decir que una cuarta transformación como la que López Obrador anuncia requeriría de una ruptura con el actual modelo de desarrollo. Pero no hay señales de que algo así vaya a suceder.

En distintos momentos, López Obrador ha planteado que se propone desmontar el poder de la oligarquía para establecer el poder de la República; separar el poder público del privado, el poder económico del poder político.

Una concepción de esta naturaleza supone una visión bonapartista de la política: elevarse por encima de las clases sociales para gobernar al margen de ellas. La República no existe al margen de las clases sociales.

2. ¿Qué México recibe el nuevo gobierno? ¿Qué etapa histórica estamos viviendo?

Como sucede en los primeros instantes que siguen a un súbito accidente de tráfico en una supercarretera en el que se impactan muchos automóviles, es difícil saber con precisión hacia dónde marcha México en estos momentos. Muchos hechos de signo contrario están sucediendo de manera simultánea. Situaciones de signo opuesto chocan unas con otras. A un mismo tiempo, López Obrador está definiendo su margen de autonomía con el poder económico hegemónico, favoreciendo a nuevos grupos empresariales con grandes obras, luchando contra la corrupción e impulsando megaproyectos y reformas similares a las que gobiernos del PRI y el PAN quisieron infructuosamente realizar.

AMLO recibe un país devastado económica, ambiental y socialmente, con una grave crisis de derechos humanos y una imparable ola de violencia. Un país con instituciones capturadas por el narcotráfico.

Vivimos un momento de confrontación al interior del nuevo gobierno, en el que se confrontarán los deseos y la voluntad de cambio de millones de ciudadanos que votaron por López Obrador, con la red de intereses que el candidato acordó antes y durante la campaña para poder ganar. De un choque entre la pretensión del capital trasnacional de aterrizar a través de una administración progresista los proyectos y políticas que no pudieron llevarse a cabo con gobiernos del PAN y del PRI, con la resistencia de sectores subalternos que serán afectados por esos proyectos.

3. ¿Qué tipo de izquierda representa el gobierno de Andrés Manuel López Obrador?

Alfonso Romo, el futuro jefe de la Oficina de la Presidencia de AMLO y coordinador de su plan de gobierno, dijo a la periodista Martha Anaya: “El país nos está dando un mandato de centro. Es un plan de gobierno de centro que toma en cuenta a los olvidados. Lo importante es sacar de la pobreza a México”.

Ese plan de gobierno de centro del que habla el empresario puede modificar algunas piezas del actual modelo económico, pero no camina en dirección a la refundación de la República desde la izquierda. Según el mismo Romo, se trata de convertir a México en el paraíso de la inversión privada, y al sureste del país en una gran Zona Económica Especial (ZEE).

Con el nuevo gobierno no está en juego el cambio del modelo económico; no está a la orden del día el fin del modelo neoliberal en México. No está en puerta la opción de transitar hacia una ruta distinta a la del Consenso de Washington.

No lo está, por dos razones distintas. Primero, porque a pesar de la retórica, López Obrador no postula la necesidad de caminar por una vía posneoliberal. Su programa de gobierno no plantea esa alternativa. Segundo, porque desde 1994-1996 se han aprobado una serie de candados legales que blindan jurídicamente la ruta tecnocrática.

El Proyecto alternativo de nación coordinado por Alfonso Romo sostiene que hay que recuperar democráticamente al Estado y convertirlo en el promotor del desarrollo político, económico y social del país. Plantea que se consultará a la gente si las reformas estructurales se mantienen o se cancelan. Anuncia que el presupuesto será realmente público y se dará preferencia a los pobres. Insiste en la centralidad de la lucha contra la corrupción. Pero no habla explícitamente —como hizo en el pasado— de limar las espinas más filosas del erizo neoliberal.

Sin embargo, aunque no hay ruptura de fondo con el modelo de desarrollo seguido hasta ahora, eso no significa que su proyecto sea mera continuidad del actual. Por supuesto que hay cambios. ¿Dónde están? En la revisión de los contratos para la obra pública y las concesiones gubernamentales, que son, a decir de Lorenzo Meyer, el corazón de la política. Sobre todo, los de la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de Ciudad de México (NAICM) y los de las concesiones de explotación de campos petroleros.

La propuesta de AMLO se ha centrado en la lucha contra la corrupción. Para él, siempre ha sido medular. En su concepción, las grandes fortunas y la desigualdad en México no provienen de la explotación, sino de la corrupción al amparo del poder público. Y, según él, en el combate a este mal (y en la abolición de los privilegios de los servidores públicos), se encuentra la llave para promover el desarrollo. Para hacerlo no serán necesarios aumentos a los impuestos, ni endeudar al país, ni gasolinazos. Un gobierno que no reconozca la realidad de la explotación difícilmente puede ser catalogado de izquierda.

Una y otra vez, Alfonso Romo ha dado garantías a los inversionistas de que no se afectaran sus intereses. Sin embargo, una parte de estos chocan frontalmente con los de las comunidades rurales y pueblos indígenas. Así sucede, por ejemplo, con las concesiones mineras o con los proyectos energéticos. También con la anunciada de construir un ferrocarril en el Istmo de Tehuantepec, con el Tren Maya o con la intención de fomentar plantaciones forestales. El choque entre estas dos lógicas es inminente y de pronósticos reservados.

4. ¿Qué o quién es la nueva oposición?

El vendaval que llevó a López Obrador a le Presidencia desbarató el sistema de partidos tal y como había existido hasta ahora. No acabó con la partidocracia (los partidos siguen teniendo el monopolio de la representación política) pero golpeó con fuerza al PRI y al PAN, casi hizo desaparecer al PRD y al PVEM, y borró del mapa a Nueva Alianza.

La oposición política al nuevo gobierno no vendrá, en lo esencial, de los partidos políticos. No tienen ni el Senado ni en la Cámara de Diputados ni la fuerza ni la consistencia para hacerlo. PRI y PAN están fracturados. Ya lo estaban antes de los pasados comicios, pero ahora su fractura es mayor. La pelea por ver quiénes se quedan con ellos es a muerte.

Por el momento, quien controla el tricolor es Osorio Chong, pero se lo pelean dos grupos: el de Luis Videgaray y Aurelio Nuño (responsable directo de la debacle), y el de Emilio Gamboa y Manlio Fabio Beltrones. De hecho, la remoción de Zamora en la CNOP fue para que llegara allí el sonorense. Sin embargo, esto no ha sucedido. Por el otro lado, el gobernador de Campeche, Alejandro Moreno, juega la carta de llegar él a la dirección del partido, apostando a convertirse en una pieza clave en la construcción lopezobradoristade un bloque de poder en el Sureste.

La fractura del PAN es ya un hecho. Felipe Calderón está fuera y apuesta a construir un nuevo partido, replicando la experiencia de Morena. Un sector empresarial parece haber apostado ya de manera clara por fortalecer el liderazgo de Marko Cortés.

Ante el descalabro del PAN y la balcanización y desfondamiento del PRI, la sociedad civil tutelada y auspiciada por Claudio X. González y socios, que fue planchada por los comicios de julio (la red de Mexicanos contra la Corrupción), junto a algunos medios de comunicación (con Reforma como punta de lanza) aspira a convertirse en el relevo de la nueva oposición de derecha al nuevo gobierno.

La otra oposición está a la izquierda de AMLO. Y está implantada en el mundo indígena y en el zapatismo.

Apenas unos cuantos días después de anunciar la cancelación del NAIM, López Obrador anunció la realización de una nueva consulta sobre el Tren Maya, la construcción de un canal seco en el Istmo de Tehuantepec, una nueva refinería en el estado de Tabasco y la aplicación de 10 programas sociales.

El Tren Maya es un servicio de transporte ferroviario que recorrerá la península de Yucatán. Sus estaciones estarán distribuidas en mil 500 kilómetros asemejando la forma de un papalote. Se acompañará de la relocalizacion de la población y la creación de nuevos centros urbanos. Su objetivo es hacer de la región Maya un corredor de desarrollo que, aunque no se reconoce como tal, en los hechos funcione como una Zona Económica Especial (ZEE). Una ZEE es un enclave donde el marco regulatorio en el que deben funcionar las empresas (por ejemplo, el pago de impuestos o el cumplimiento de las obligaciones administrativas) se minimiza en relación al existente en el resto del país.

El canal Transístmico busca promover el desarrollo regional, mediante la construcción de un canal seco que conecte el Golfo de México con el océano Pacífico, enlazando los puertos de Coatzacoalcos, Veracruz, y Salina Cruz, Oaxaca. Considera también una zona franca y ser parte de las ZEE. Su realización ha sido un sueño fallido a los largo de los últimos 51 años.

Tanto el Tren Maya como el Transístmico se construirán en territorios indígenas. El de la Península de Yucatán en un región maya. El de Tehuantepec en un territorio habitado por 12 pueblos originarios, que viven en 539 comunidades: chinantecos, chochocos, chontales, huaves, mazatecos, mixtecos, mixes, zapotecos, nahuatlacos, popolucas y zoques.

El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, firmado por México, obliga a que en obras de esta naturaleza, se organice una consulta previa, libre e informada a las comunidades indígenas, para que éstas fijen su posición. Esta consulta, diferente a la que AMLO convocó a la ciudadanía, no se ha efectuado. A pesar de ello, el presidente electo ya anunció que las obras del Tren Maya comenzarán el 16 de septiembre.

Estos pueblos han resistido ancestralmente a los proyectos de modernización que buscan despojarlos de sus tierras, territorios y recursos naturales de la mano del progreso. Más allá de la voluntad de transformación y de la lucha contra la corrupción, el corredor transísmico, la extensión de las ZEE anuncian el inminente choque de estos proyectos con los pueblos indígenas.

Este conflicto fue anunciado en la Segunda Asamblea Nacional del Congreso Nacional Indígena-Concejo Indígena de Gobierno-Ejército Zapatista de Liberación Nacional llevada a cabo del 11 al 14 de octubre en San Cristóbal de las Casas. Allí se señaló que el próximo gobierno de AMLO, “con sus prácticas viciadas, tiene su mirada puesta en nuestros territorios”, señalaron los participantes.

Los participantes denunciaron que con la ratificación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos el próximo gobierno dará continuidad a la política neoliberal que daña a los pueblos indígenas del país y que, además, los 50 mil jóvenes reclutados para las filas de las fuerzas armadas, como propuso AMLO, servirán a la represión y el despojo. “No tenemos más que defender la vida con o sin las mentiras del gobierno que sale, del gobierno que entra, porque las palabras sobran cuando se amenaza a los pueblos”, señalaron.

El conflicto escalará aún más porque el pasado 23 de octubre, el senador Ricardo Monreal, presentó una iniciativa de reforma que propone la abrogación de la actual Ley Agraria y la expedición de una Ley para el Desarrollo Agrario. Su objetivo central es reforzar los mecanismos para la privatización de las tierras ejidales y comunales (campesinas e indígenas) y la destrucción de la propiedad social. Se trata de otra reforma estructural neoliberal que convalida poner la producción de hidrocarburos, de energía eléctrica y minera por encima de cualquier otra, reforzando el rol de la tierra como mercancía y colocar.

Pareciera ser que lo que la administración de López Obrador pretende hacer en parte es llevar a buen término varias de las reformas neoliberales que los gobiernos del PRI y del PAN no pudieron llevar a buen término.

5. En América Latina se ve al nuevo gobierno como una esperanza para la izquierda, ¿Qué le espera a México como líder regional?

Comencemos por el principio. ¿De verdad en América Latina se ve al nuevo gobierno como una esperanza para la izquierda? ¿Se le ve realmente así o algunas fuerzas necesitan verlo así? De hecho, no son pocos los analistas de izquierda regional que saludan en público el triunfo de AMLO como una señal positiva para América Latina, pero en privado son mucho más escépticos de su vocación transformadora.

¿Por qué esta actitud? El ciclo progresista en América Latina se encuentra en reflujo. Los procesos de integración regional marchan en retroceso. La ofensiva estadunidense en el continente contra los gobiernos de centro-izquierda, iniciada a partir del golpe de Estado en Honduras en 2009 (en plena administración Obama), avanza arrolladoramente. Presentar el triunfo de López Obrador como una gran victoria de la izquierda continental es, en parte, una maniobra publicitaria, para crear la ilusión de que el retroceso de las fuerzas progresistas en la región no es tan pronunciado como en realidad es.

Y ahora vayamos a la pregunta. No, México no es un líder regional en América Latina. Lo dejó de ser hace mucho tiempo. Su diplomacia en la región camina de la mano de los intereses de Washington. Basta ver su participación en el Grupo de Lima y el manejo que ha hecho de la cuestión venezolana.

Aunque la diplomacia de AMLO será distinta a la trazada a partir del sexenio de Ernesto Zedillo, nada hay que permita suponer que con el futuro gobierno va a recuperar ese liderazgo en la región. Marcelo Ebrard declaró ya que México seguirá en el Grupo de Lima y que el libre comercio será el eje de las relaciones entre el país y América Latina. Aunque se ha sostenido que la política exterior del gobierno abarcará más territorios y no sólo una relación bilateral con Estados Unido, en los hechos, la primera prioridad de la diplomacia mexicana seguirá siendo la relación con Estados Unidos con este país.

Se ha anunciado que la política exterior de México se guiará por los principios plasmados en el artículo 89 de la Constitución. Una política basada en respeto, la amistad, la paz y la cooperación entre los pueblos y gobiernos del mundo. Probablemente habrá una actitud de distensión hacia Venezuela y un acercamiento con Cuba, pero, no se vislumbra una política más activa en la región.

6. ¿Cómo será la relación con el gobierno de Donald Trump?

A lo largo de la campaña presidencial, diversos enemigos de AMLO lo acusaron de ser el Donald Trump mexicano. No era un halago, sino una forma de golpearlo políticamente. Inopinadamente, semanas después, a través de una misiva, el futuro mandatario mexicano admitió que existen importantes semejanzas entre ambos.

En el último párrafo de la carta que envió al presidente de Estados Unidos, AMLO encuentra paralelismos con él y le dice: “Me anima el hecho de que ambos sabemos cumplir lo que decimos y hemos enfrentado la adversidad con éxito. Conseguimos poner a nuestros votantes y ciudadanos al centro para desplazar al establishment o régimen predominante”.

La afirmación sorprende. Trump ha ofendido a México y a los mexicanos. Ha agredido y perseguido a los connacionales que viven en Estados Unidos. Impuso, en plena renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, aranceles a exportaciones mexicanas. En lugar de un cambio de paradigma en las relaciones exteriores, el que el próximo presidente mexicano se homologue con el estadunidense es un desacierto.

¿Cuál es la necesidad de encontrar similitudes con él? ¿En qué principio de política exterior se sustenta una maniobra como ésa? ¿Qué gana la diplomacia mexicana equiparando a su virtual presidente electo con uno de los políticos más detestados en el mundo? No se trata de que el tabasqueño ataque al neoyorquino o de que le diga cosas que pongan en peligro el futuro de la relación entre ambos países. Nada de eso. Pero sí de mantener una sana distancia. Si en lugar de su firma esas palabras llevaran la de cualquier otro político mexicano se habría producido un verdadero escándalo.

La carta de AMLO a Donald Trump es mucho más que mero saludo al vecino del norte, la manifestación del deseo de sostener relaciones binacionales cordiales o una agenda de los asuntos a tratar en común. Es, también, un inusual informe unilateral de las medidas que su gobierno tomará para frenar la migración hacia Estados Unidos. Habrá muchos cambios, señor presidente Trump, escribe el tabasqueño.

El objetivo explícito de las medidas comunicadas a Trump es que los mexicanos no tengan que migrar por pobreza o violencia, esforzándose en lograr que encuentren trabajo y bienestar en sus lugares de origen. Se busca levantar una serie de cortinas de empleo que frenen el desplazamiento de la fuerza de trabajo hacia Estados Unidos.

Entre las acciones que se echarían a caminar se encuentra la siembra de un millón de hectáreas de árboles frutales y maderables en el sureste del país, para crear 400 mil empleos. También, el impulso al corredor económico en el Istmo de Tehuantepec.

Adicionalmente, se recorrerán las aduanas mexicanas hacia el sur, 20 o 30 kilómetros, y se disminuirán a la mitad los impuestos cobrados en la zona fronteriza. Asimismo, se establecerá una franja libre en los 3 mil 185 kilómetros de frontera. “Esta será –dice la carta– la última cortina para retener trabajadores dentro de nuestro territorio”.

La sorprendente actitud hacia Donald Trump tiene su contraparte en el anuncio de que, a partir de ahora, la diplomacia mexicana se guiará por el principio del respeto a la autodeterminación de los pueblos y el no involucramiento en sus asuntos internos. A su toma de posesión invitó a todos los mandatarios con quien México tiene relaciones diplomáticas, incluido el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Madura. Estas medidas contrastan con la casi absoluta subordinación que la diplomacia mexicana ha tenido en los últimos años a los dictados de Washington.

7. ¿Qué pasará con el sistema partidista en México? ¿Morena se convertirá en el nuevo PRI?

Abierta o soterradamente, sectores muy importantes del PRI apoyaron a López Obrador en todo el país durante su campaña. Obligados a sumarse a un candidato y a un dirigente que no eran de su partido, excluidos de las candidaturas, sin recursos económicos para hacer proselitismo y maltratados por el equipo de campaña de José Antonio Meade, multitud de tricolores votaron por Morena. La tecnoburocracia del ITAM los despojó del gobierno, del partido y de los puestos de elección popular. Nunca tuvieron incentivos para que sus siglas triunfaran. Ellos se vengaron sumándose a las filas del amloismo.

El apoyo no fue de gratis. Los compromisos establecidos pueden verse en la composición del Legislativo y en el futuro gabinete. Su cultura política permea sus maniobras políticas. Es particularmente notable la enorme cantidad de figuras relevantes provenientes del zedillismo, una corriente política que tienen su principal, como Baudalaire decía del diablo, en hacernos creer que no existe. El ex presidente, se recordará, tuvo con López Obrador un intenso trato político cuando éste fue dirigente nacional del PRD y responsable de aterrizar los Acuerdos de Barcelona.

López Obrador apuesta a construir un nuevo terreno de relación con los sectores populares a partir de sus programas de becas y ayudas económicas. Decidió hacer a un lado a los gestores tradicionales de estas demandas (a los que juzga de corruptos) y establecer una relación directa con la población, a partir del levantamiento de un padrón de beneficiarios. Se trata del viejo del Pronasol de Carlos Salinas hecho realidad, sólo que ahora sin promover el tejido asociativo que tomó forma en los comités de solidaridad.

Si esta iniciativa tiene éxito, dejará muy mal parados a las organizaciones campesinas tradicionales, las asociaciones urbano-populares y al Partido del Trabajo, que construyen sus bases desde la gestión de la demanda popular.

No deja de ser interesante el que, el principal responsable de estos programas y de la coordinación con los responsables estatales sea Gabriel Hernández, secretario de Organización de Morena.

Curiosa ironía, en cada ocasión en la que una élite ha pretendido reformar radicalmente al país desde arriba en contra de los de abajo, el país real terminó cobrándole la factura a los modernizadores y descarrilando sus reformas.

Así sucedió cuando México era todavía la Nueva España, con las reformas borbónicas que terminaron desembocando en la Revolución de Independencia; así pasó con la modernización y la pax social porfirista, descarrilada por la Revolución Mexicana, y así aconteció con la reforma al artículo 27 constitucional (que metió al mercado las tierras indígenas y campesinas) y la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte durante la administración de Carlos Salinas de Gortari, severamente cuestionados por el levantamiento zapatista del primero de enero de 1994. Nada asegura que en esta ocasión con la “Cuarta Transformación” y su pretensión de refundar la nación desde las alturas esto no volverá a suceder.

Diciembre 06, 2018

Con información de Horizontal.mx