La crisis de seguridad en Uruapan, Michoacán, llegó este martes a la Cámara de Diputados. Integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano presentaron un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Gobernación (Segob) y a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) a atender de manera urgente la solicitud de protección formulada por el presidente municipal, Carlos Alberto Manzo Rodríguez, y reforzar las acciones de seguridad en la región.
La proposición fue suscrita por la diputada Ivonne Ortega Pacheco y los legisladores Pablo Vázquez Ahued, Juan Ignacio Zavala Gutiérrez y Miguel Ángel Sánchez Rivera, pero también por Jorge Álvarez Máynez, coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, quienes advirtieron que Uruapan atraviesa un deterioro acelerado en sus condiciones de seguridad, marcado por homicidios, extorsiones, secuestros y enfrentamientos entre grupos del crimen organizado.
Según datos oficiales, Uruapan registró 238 homicidios dolosos en 2024, colocándose entre los municipios más violentos del estado. En el primer trimestre de 2025 se contabilizaron 31 asesinatos, lo que mantiene a la ciudad entre los puntos rojos de Michoacán. Además, la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI reveló que casi nueve de cada diez habitantes se sienten inseguros en su vida cotidiana, ubicando a la ciudad como la cuarta con mayor percepción de inseguridad del país.
El déficit de policías municipales agrava la crisis. Actualmente, Uruapan cuenta con unos 350 elementos, muy por debajo de los 643 que, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, serían necesarios para atender a su población.
En medio de este contexto, el alcalde Carlos Manzo ha hecho llamados públicos a la Federación. “No quiero ser de la lista de los ejecutados”, declaró el edil, al señalar que teme por su vida y responsabilizar al Gobierno federal de atender delitos de alto impacto que rebasan las capacidades municipales.
Los legisladores de Movimiento Ciudadano coincidieron en que la violencia en Uruapan ha generado desplazamiento forzado, parálisis productiva e incluso afectaciones al sector aguacatero, estratégico para la economía nacional. “La respuesta del Estado debe ser contundente, coordinada y con enfoque de derechos humanos”, advirtieron.
El exhorto plantea que la Segob, encabezada por Rosa Icela Rodríguez, y la SSPC, dirigida por Omar García Harfuch, articulen una estrategia de protección al edil y refuercen la presencia federal en la zona.
El documento fue turnado a la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados para su análisis.