En San Lázaro surgió una iniciativa que parece broma, pero no lo es. El diputado de Morena, Armando Corona Arvizu, presentó una propuesta para castigar con cárcel a quienes difundan memes, stickers, audios o videos generados con inteligencia artificial que “ridiculicen” o dañen la reputación de una persona. Si la víctima es un funcionario público, la pena se incrementa.
En apariencia, la ley busca combatir el ciberacoso y los deepfakes, un problema real en México: el INEGI reporta que casi 19 millones de personas sufrieron acoso digital en 2024, y los fraudes con IA aumentaron 220% en dos años, afectando principalmente a mujeres.
Pero la iniciativa abre la puerta a la censura. Según los artículos 211 Bis 8 y Bis 9 que se proponen adicionar al Código Penal Federal, “quien cree, manipule, transforme, reproduzca o difunda imágenes, videos, audios o representaciones digitales” sin consentimiento, con el fin de ridiculizar o dañar la reputación, podría recibir de tres a seis años de prisión, además de multa.
La ambigüedad es evidente: desde un deepfake sexual, hasta un simple sticker de WhatsApp, podrían convertirse en delito. Y si la “víctima” es un servidor público en ejercicio, la pena se aumenta a la mitad, lo que podría blindar a políticos contra la crítica.
“El riesgo es que caricaturas políticas, cartones de prensa o stickers con la cara de un funcionario sean denunciados como delitos”, advierten expertos en libertad de expresión. La ley no contempla excepciones para parodia, sátira o crítica política, prácticas fundamentales en un país donde el humor ha sido históricamente un vehículo de crítica social.
No es la primera vez que Morena impulsa leyes de este tipo. En Puebla, Alejandro Armenta promovió la llamada “Ley Censura”, que buscaba sancionar con cárcel a quien “insulte, injurie o agravie” en medios digitales. La ONG Artículo 19 advirtió que la redacción ambigua podría convertir la ley en un mecanismo de censura. Incluso Ricardo Monreal presentó en marzo la polémica Ley Anti-Memes, que requería etiquetar como “meme” todo contenido humorístico para evitar sanciones, propuesta que retiró ante el rechazo social.
La nueva iniciativa regresa bajo otro nombre y con otra justificación, pero mantiene el mismo riesgo: en lugar de proteger a la ciudadanía, podría inhibir la crítica política y el humor digital.
Según expertos, lo que sí es necesario, es legislar sobre inteligencia artificial con claridad y criterios específicos para combatir fraudes y acoso, sin poner en riesgo la libertad de expresión, un derecho protegido por la Constitución y los estándares internacionales.
