Una red criminal ligada al cártel de La Familia Michoacana fue desmantelada tras un operativo conjunto entre autoridades federales y estatales en el Estado de México. A través de empresas fachada, carnicerías, casas de materiales y hasta servicios de paquetería, el grupo imponía cuotas ilegales y violentaba a quienes no se alineaban con su estructura, según informó la Fiscalía mexiquense.
Los ocho detenidos formaban parte de un entramado criminal que operaba bajo el amparo de supuestos sindicatos como “Libertad” y “Bradosva”, los cuales, lejos de representar a trabajadores, funcionaban como brazos de control territorial y económico. Esta organización imponía sobreprecios en productos de la construcción como varilla, cemento y block, con márgenes de hasta 400% sobre el precio de mercado.
Por ejemplo, en municipios como Valle de Bravo, quien quisiera adquirir material debía hacerlo a través de las casas ‘autorizadas’ por la banda, como ‘Construrama’, ‘Aceros Arriaga’ o ‘Materiales Jimex’, propiedad de Eli “N”, uno de los principales detenidos. La tonelada de varilla se ofrecía en 23 mil 950 pesos, cuando su precio promedio era mucho menor.
Además del control del sector de la construcción, la red criminal extendía su poder a granjas, carnicerías y expendios de alimentos. En localidades como Sultepec, vendían el kilo de pollo hasta en 115 pesos, más del 50% por encima del valor comercial, mientras que la pierna y muslo se ofrecían en 120 pesos, el doble del costo habitual.
La estructura también perpetraba secuestros exprés. De acuerdo con la Fiscalía, Eli “N” y otros integrantes interceptaban a comerciantes para exigirles pagos semanales y obligarlos a adquirir productos exclusivamente en los negocios vinculados con la organización. Si se negaban, eran amenazados o privados de la libertad, incluso en hoteles donde eran citados bajo engaños.
Otra de las prácticas identificadas fue el acaparamiento de los servicios de paquetería. En Tejupilco, el grupo interceptaba paquetes de plataformas como FedEx, Estafeta o Mercado Libre, los inspeccionaba y exigía pagos adicionales a los destinatarios. En caso de no cumplir, los productos no eran entregados o eran retenidos por los propios delincuentes.
Las acciones para desmantelar esta red forman parte de la llamada Operación Liberación, implementada tras el anuncio de la estrategia nacional contra la extorsión, en julio pasado. El despliegue incluyó 63 cateos en 14 municipios mexiquenses, como Amanalco, Donato Guerra, Ixtapan de la Sal, Texcaltitlán, Temascaltepec y Villa Victoria.
Este no es el primer operativo de gran escala en la región. A inicios de 2024, la Operación Enjambre permitió la detención de más de 60 personas, incluidos funcionarios municipales en activo o electos, por su presunta relación con La Familia Michoacana.
Entre ellos, destaca el caso del alcalde electo de Santo Tomás de los Plátanos y su esposa, titular del DIF municipal, así como una regidora y el entonces secretario de Seguridad Pública de Amanalco, quienes habrían participado en un secuestro exprés para inhibir la participación electoral de la actual alcaldesa.
Las investigaciones continúan y las autoridades no descartan más detenciones en los próximos días. La Fiscalía del Estado de México aseguró que se está trabajando para desmantelar por completo los esquemas de extorsión y recuperación territorial que este grupo mantenía mediante el miedo, la violencia y la corrupción.
