Una auditoría excepcional realizada al gobierno de Asunción Nochixtlán reveló que Lizbeth Victoria Huerta, quien fue alcaldesa de ese municipio oaxaqueño de 2019 a 2021 por el partido Morena, desvió 8 millones 795 mil pesos durante los primeros seis meses de su gestión, es decir, el 80 por ciento del presupuesto ejercido en ese periodo.
El informe, elaborado en 2021 por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca (OSFE), hoy Auditoría Superior de Fiscalización, había sido clasificado como reservado por el Gobierno estatal por un periodo de cinco años. La auditoría fue obtenida recientemente a través de una solicitud de información pública.
El desfalco se habría concretado mediante la simulación de compras y contratación de servicios, entre ellos equipos de cómputo, mobiliario, herramientas, motocicletas, artículos de limpieza, combustible, así como servicios culturales, de ingeniería, impresión, publicidad e incluso los propios servicios contables del municipio.
Según el documento, no existen constancias de recepción ni resguardos que demuestren que los bienes adquiridos se encuentren bajo propiedad y uso del Ayuntamiento.
Además, la auditoría señala que la exalcaldesa otorgó sueldos sin justificación a personas cercanas, como su hermana Natalie Victoria Huerta y José Manuel Muñoz Quevedo, identificado como “asesor jurídico” del municipio, sin evidencia de que hubieran laborado en la administración.
Una denuncia silenciada
Las irregularidades fueron documentadas y denunciadas entre 2019 y 2020 por la activista Claudia Uruchurtu Cruz, quien dio parte a diversas instancias federales y estatales, entre ellas la Presidencia de la República y la Secretaría de Gobernación. Ninguna autoridad dio seguimiento.
Fue su denuncia ante el OSFE, presentada en agosto de 2019, la que derivó en la auditoría excepcional. No obstante, la revisión sólo abarcó un tercio del presupuesto ejercido en el primer semestre de la gestión de Huerta. El resto de los recursos no fue auditado.
“La auditoría confirmó lo que Claudia denunció: un robo sistemático. Pero el gobierno prefirió ocultarla. Si no fuera por ella, esto jamás habría salido a la luz”, expresó Elizabeth Uruchurtu, hermana de la activista.
Crimen de Estado
El caso tomó un giro trágico en marzo de 2021, cuando Claudia Uruchurtu fue desaparecida tras participar en una protesta frente a la presidencia municipal. Dos meses después, la auditoría fue concluida.
En diciembre de 2022, cuatro funcionarios del Ayuntamiento, entre ellos Lizbeth Victoria Huerta, fueron sentenciados por el delito de desaparición forzada. Sin embargo, la exalcaldesa sólo fue responsabilizada por “obstrucción de las investigaciones” y recibió una pena de cuatro años, que concluyó en diciembre de 2024.
La familia de Claudia sostiene que la desaparición estuvo directamente relacionada con las denuncias de corrupción, aunque las autoridades no han querido establecer esa conexión.
Impunidad y omisión
Pese al dictamen del OSFE, a cinco años del hallazgo del desfalco, no se ha dictado ninguna resolución administrativa contra los responsables, ni se ha recuperado el dinero público. El expediente sigue abierto, sin sanciones ni avances.
La investigación fiscal se mantiene inconclusa, en un contexto donde todas las instancias implicadas, tanto estatales como federales, estaban vinculadas al partido Morena.
“Los corruptos saben que aunque los auditen, no pasa nada”, lamentó Sara Uruchurtu, hermana de Claudia. “Y en el caso de mi hermana, el crimen se cometió para seguir protegiendo esa red de impunidad”.
Claves del caso
- Monto desviado: 8 millones 795 mil pesos del presupuesto de Nochixtlán.
- Auditoría: Realizada en 2021; se mantuvo reservada hasta 2025.
- Bienes simulados: Equipos, mobiliario, combustibles y motocicletas.
- Servicios ficticios: Contabilidad, publicidad, ingeniería, entre otros.
- Caso Uruchurtu: Activista desaparecida tras denunciar corrupción; cuatro funcionarios fueron sentenciados.