En San Pedro Comitancillo, municipio oaxaqueño de calles semivacías y plazas desiertas, la tragedia sigue latente. De ahí eran originarias Elena Solorza Cruz, una niña de seis años, y su abuela Hilda Alcántara Alvarado, dos de las víctimas mortales del accidente ocurrido el 28 de diciembre. Sin embargo, ninguna familia está dispuesta a hablar.
La misma situación se repite en Santiago Laollaga, donde una abogada sobreviviente que viajaba en el tercer vagón junto a su hijo aseguró que espera una respuesta de la Comisión Nacional de Atención a Víctimas (CNAV) antes de emitir cualquier declaración pública.
En Matías Romero Avendaño reside uno de los maquinistas investigados por la Fiscalía General de la República (FGR) como probable responsable del descarrilamiento. Dirigentes del sindicato ferrocarrilero señalan que tampoco han logrado dialogar con él. “Ni con nosotros quieren hablar”, afirman.
“Un silencio condicionado”
Autoridades municipales de San Pedro Comitancillo, que solicitaron el anonimato por miedo a represalias, aseguran que la actitud de las víctimas cambió tras el condicionamiento impuesto por la Secretaría de Marina y funcionarios de la CNAV.
Relatan que uno de los hijos de Hilda Alcántara dejó de dar entrevistas luego de recibir una llamada de funcionarios federales, en la que le preguntaron por sus necesidades tras sus declaraciones a medios. El contacto fue percibido como intimidatorio, aseguran.
Este familiar, además, enfrenta una condición médica grave: es diabético, perdió una pierna y, según autoridades locales, el gobierno federal le prometió una prótesis, lo que habría influido en su decisión de guardar silencio.
Para Carlos Beas Torres, coordinador de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo de Tehuantepec (Ucizoni), se trata de un “silencio impuesto”.
“Hay una tendencia a minimizar y ocultar la información. La primera versión oficial hablaba de un incidente con 20 heridos. Ahora lo que buscan es evitar que las víctimas tengan rostro”, sostiene.
Beas recuerda que una situación similar ocurrió el 19 de febrero de 2022, cuando otro tren descarriló entre Sarabia y Palomares, sin víctimas fatales. En ese entonces, afirma, la información sólo se hizo pública cuando pobladores difundieron videos en redes sociales.
El único que no calla
En medio del silencio generalizado, Juan Manuel Iglesias López decidió hablar. Sobreviviente del accidente junto con su familia, presentó una denuncia ante la FGR por los delitos de lesiones, abuso de autoridad y ejercicio abusivo de funciones contra las empresas Comsa Infraestructura, Grupo Constructor Diamante y Daniferrrotools, principales contratistas del Tren Interoceánico.
Asegura que, en un inicio, intentaron amedrentarlo para que no denunciara. Incluso, señala que el presidente municipal de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, intentó condicionar los apoyos.
“Si eso está condicionado a que yo no demande, discúlpeme, pero la verdad está primero”, expresó. Recordó que tres integrantes de su familia estuvieron involucrados en el descarrilamiento y que, de haber sido fatal, ningún apoyo económico habría reparado la pérdida.
“La demanda está ahí para que no se repita ningún acto de corrupción ni de omisión”, afirmó.
A un mes del accidente, mientras las investigaciones continúan y las indemnizaciones siguen en proceso, el reclamo de organizaciones civiles y de algunas víctimas persiste: transparencia, justicia y que la tragedia no quede sepultada en el silencio.