Hay toda una serie de particularidades por las cuales un sujeto y comunidad se pueden ver marginados, estigmatizados y violentados. Se podrían enlistar varios segmentos de personas: mujeres, indígenas, estudiantes, activistas o personas de la diversidad sexual. Solo por mencionar algunas. Todas y todos de alguna manera compaginamos, nos vemos cruzadas y cruzados por las dificultades que conlleva pertenecer a dichas categorías.

Estas dificultades van creando fuertes repercusiones en los gremios y en las personas pertenecientes, causando una fractura en sus derechos humanos, a tal grado que se puede llegar a ser víctimas de constantes violencias dirigidas por una sociedad y un orden estructural que perpetúa la agresión como un ejercicio de poder, y que en muchos casos puede acabar —como un cruel culmen— en desapariciones forzadas y asesinatos.

Pareciera exagerada la idea de que poblaciones específicas sean las que sufren agresiones constantes, pero revisando tan únicamente algunos sucesos de los meses pasados, podemos percatarnos y analizar las formas físicas y simbólicas en las que se desenvuelve dicha violencia. De manera puntual, pensar en las violencias que sufren las niñeces y juventudes LGBTTTIQ+ hace resaltar la importante necesidad de dar cabida para la reflexión y visibilización del fenómeno.

El 24 de julio del 2020, el Congreso de la Ciudad de México aprobó las reformas del Código Penal local para tipificar como delito los ECOSIG, acrónimo utilizado para designar a los Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual y la Identidad de Género, siendo el primer lugar en el país en hacerlo, cosa que fue bastante grata para diferentes colectivos y personas de la diversidad sexual. Sin embargo, los festejos no fueron uniformes en el resto de las personas, pues grupos de oposición mostraron desde el lanzamiento de la reforma su inconformidad, la cual se intensificó aún más con su aprobación.

“Terapia a quien lo quiera”, “Con los niños no” o “Ayudar nos es torturar”. Eran algunas de las frases que se escuchaban y leían en carteles durante las diversas manifestaciones que han realizado a lo largo del territorio nacional, siendo el más reciente el Estado de Jalisco. Los argumentos giraban en torno a la supuesta violación de los derechos de las y los niños de poder recibir atención psicológica en caso de necesitarla. Al respecto, el presidente del Frente Nacional por la Familia; Rodrigo Iván Cortés mencionó:

“Aprobar la ley impedirá a las personas con atracción al mismo sexo acudir a terapias para regresar a su sexo biológico natural, y peor aún meter a la cárcel a los expertos que apliquen estas sesiones”.

Esto muestra un claro ejemplo de las violencias que un grupo ejerce sobre otro. El sencillo hecho de la existencia de las “terapias de conversión” ya es algo preocupante, pues la persona sometida al supuesto tratamiento sufre una serie de daños físicos y psicológicos que repercuten gravemente por ser métodos arcaicos y deshumanizados, poniendo en riesgo a niños, niñas, personas jóvenes y adultas sin importar el género diverso al que pertenezcan, y lo más alarmante es que al haber una regulación por parte del estado ante la ejecución de dichas intervenciones, grupos ultra conservadores sostengan y promuevan la idea de que cualquier asunto relacionado con la orientación sexual o identidad de género, es reversible o curable por la óptica que mantienen de que es algo pecaminoso y patológico.

No obstante, la violencia no se detiene con estas prácticas que pretenden curar a una persona, ya que incluso se intensifican con el constante desprecio y rechazo de un estado y una sociedad intolerante que grita, se burla, niega derechos, discrimina y da palizas. A tal grado llega el repudio que matar se convierte en una opción.

Un lamentable ejemplo fue el asesinato de Jonatán Santos, un joven de 18 años estudiante de la Escuela Politécnica Jorge Matute Remus y activista LGBTTTIQ+, el cual murió por un proyectil de arma de fuego la noche del 11 de agosto de 2020, después de salir de una fiesta con conocidos suyos. Tras el hecho en redes sociales hubo una gran indignación, pero a su vez personas se expresaban de manera muy despectiva y en tono de celebración por lo sucedido.

Aparte de la evidente acción violenta como lo es el asesinato y los comentarios de odio, otra cosa que llama la atención es la manera en la que se da la investigación del acontecimiento, dado que el caso de Jonathan se le dio seguimiento tras el protocolo de feminicidio, por el hecho de su orientación sexual. Lo grave de la situación es la incompetencia de la investigación bajo una perspectiva de diversidad sexual, ya que al no ser reconocida como tal, hay una invisibilización y violencia simbólica que se juega al momento de no darle un lugar y reconocimiento a la persona y al suceso.

De alguna manera estos dos acontecimientos—aunque parezcan tener poca relación— permiten una aproximación de las agresiones a las que las personas de la diversidad sexual están expuestas por los ejercicios que subyacen por una heteronorma que está coludida con los pensamientos religiosos haciendo un reforzamiento de las creencias erróneas sobre las personas no heterosexuales, impidiéndoles una libre expresión de género.

En tanto, la pregunta que me hago (aunque de repente me parece paradójica) es: si los grupos de oposición y la sociedad buscan curar (se) a (de) las lesbianas, gays, bisexuales, trans (+), negando su esencia y por tu tanto su existencia, condenando toda conducta no heterosexual y aunado abogando por las y los niños sin saber su orientación sexual o identidad de género, a pesar de las consecuencias que eso puede conllevar, ¿quién es entonces quién hace daño?

Sergio Antonio Farias Muñoz / Integrante de Maroma: Observatorio de Niñez y Juventud