Traer, distribuir y mantener a médicos cubanos en el país ha costado más de 2 mil millones de pesos al Gobierno federal desde 2022, de acuerdo con información del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar (IMSS-Bienestar).
El gasto total asciende a 2 mil 19 millones 98 mil pesos, erogados en moneda nacional y euros, pagados tanto a empresas mexicanas como cubanas por concepto de contratación y contraprestación de servicios médicos.
Del total, al menos 472 millones de pesos se pagaron entre julio de 2022 y diciembre de 2023, según datos disponibles en la plataforma Compras MX. Sin embargo, el IMSS-Bienestar no cuenta con registros desglosados sobre cuánto se destina al salario de cada uno de los médicos extranjeros, quienes trabajan bajo la figura de colaboradores externos.
El acuerdo incluye, además de los honorarios, traslados permanentes de los médicos con chofer, hospedaje asegurado, unidades médicas equipadas con microondas y televisión, dieta especial entregada tres veces al día y atención personal durante las 24 horas.
Los médicos fueron contratados para cubrir zonas marginadas o con déficit de personal, sin embargo, la falta de transparencia sobre su compensación individual ha generado cuestionamientos sobre el uso de los recursos públicos y los mecanismos de supervisión del programa.
Amenaza de EEUU
La permanencia de médicos cubanos en el país ha generado no solo cuestionamientos presupuestales, sino también tensiones diplomáticas. En caso de que el Gobierno de Estados Unidos aplique su advertencia de restringir visas a funcionarios que promuevan las llamadas “misiones médicas” de Cuba, señaladas por Washington como esquemas de “trabajo forzoso”, diversos exservidores públicos y actuales integrantes del gabinete federal podrían verse afectados.
Entre ellos figuran Luz Elena González, actual secretaria de Energía; Oliva López, exsecretaria de Salud de la CDMX; Juan Antonio Ferrer, extitular del Insabi, y Jesús Garrido, exfuncionario capitalino, quienes firmaron acuerdos desde 2020 para la llegada de doctores cubanos a territorio nacional.
Uno de esos convenios fue promovido por la entonces jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, hoy presidenta de la República, con el argumento de reforzar la atención médica durante la emergencia sanitaria por COVID-19. El contrato incluyó un pago de más de 135 millones de pesos, depositado en euros a una empresa del Gobierno cubano, por una brigada de 585 médicos.
A pesar de que el acuerdo preveía una duración de tres meses, la presencia de médicos de la isla continúa hasta hoy y se ha ampliado a otras entidades del país bajo la administración federal. Sheinbaum ha defendido la legalidad y utilidad del programa, descartando que se trate de prácticas laborales coercitivas.
