Antes del cambio en su integración, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se perfila para abordar dos temas decisivos: la eventual eliminación del arraigo y la prisión preventiva oficiosa. Esto ocurre pese a que la Presidencia de la República solicitó al Pleno abstenerse de discutirlos, en espera de que los nuevos ministros, electos el pasado 1 de junio, asuman funciones en septiembre.
Las discusiones se enmarcan en la revisión del cumplimiento de la sentencia del caso García Rodríguez vs México, emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), que condenó al Estado mexicano por mantener figuras contrarias a los derechos humanos, como el arraigo y la prisión automática. También incluye el análisis de una acción de inconstitucionalidad promovida por la CNDH, ambas a cargo del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo y la ministra Ana Margarita Ríos Farjat, respectivamente.
Un fallo pendiente con implicaciones internacionales
La CoIDH ordenó a México reformar su Constitución para garantizar que la prisión preventiva sea determinada por un juez con base en pruebas, y no aplicada de manera automática por la gravedad del delito. El incumplimiento de esta sentencia coloca al país en riesgo de incurrir en responsabilidad internacional.
El proyecto de sentencia del ministro Pardo Rebolledo, aún no público, propondría declarar inaplicable tanto el arraigo como la prisión preventiva oficiosa. El Ejecutivo respondió enviando, el 26 de mayo, una carta a la presidenta de la Corte, Norma Piña, pidiendo aplazar la resolución hasta después del cambio de ministros.
Sin embargo, especialistas en derecho advierten que postergar esta discusión solo agrava el desacato. “La Corte está frente a una disyuntiva entre defender los derechos fundamentales o alinearse al incumplimiento del Estado mexicano”, señaló el abogado Simón Hernández León, citado por El Universal.
Un nuevo enfoque sobre la prisión preventiva
La segunda discusión que la SCJN prevé abordar gira en torno al proyecto de la ministra Ríos Farjat, quien no propone eliminar la prisión preventiva oficiosa, sino reinterpretarla. En su propuesta sobre la acción de inconstitucionalidad 49/2021, plantea que esta medida cautelar no debe aplicarse de forma automática, sino previa justificación con datos de prueba y la participación activa del juez.
“La gravedad del delito no puede ser suficiente para imponer prisión automática”, establece el proyecto, que incluye lineamientos para que fiscales y jueces argumenten debidamente la necesidad de imponer esta medida.
El jurista Francisco Burgoa respaldó esta postura: “Quienes sostienen lo contrario se colocan del lado del Estado punitivo, no de la protección de los derechos fundamentales”, escribió en su cuenta de X (antes Twitter).
La prisión automática: castigo sin juicio
La prisión preventiva oficiosa ha sido señalada en múltiples ocasiones por su uso desproporcionado contra personas de bajos recursos. Una investigación de Animal Político e Intersecta reveló que 7 de cada 10 personas sujetas a esta figura pertenecen a sectores vulnerables: comerciantes, choferes, campesinos o vendedores, a menudo detenidos por delitos menores.
Además, las mujeres han sido particularmente afectadas. Entre 2019 y 2021, la tasa de mujeres en prisión preventiva sin sentencia creció de 10.2 a 14.2 por cada 100 mil, muchas veces sin pruebas suficientes.
El reloj corre para la Corte
La actual integración de la SCJN tiene poco tiempo para actuar. Para que el proyecto de Pardo Rebolledo sea aprobado se requieren seis votos; para el de Ríos Farjat, ocho. Después de septiembre, la Corte tendrá nuevos ministros, electos por voto popular, cuyos perfiles son afines al oficialismo.
Mientras tanto, la presidenta Claudia Sheinbaum respaldó este lunes la permanencia de la prisión preventiva oficiosa, argumentando que es necesaria ante la violencia que enfrenta el país. “Es correcto que se quede para ciertos delitos”, dijo, retomando la línea de su antecesor.
Las decisiones de la Suprema Corte en las próximas semanas marcarán el rumbo del sistema penal mexicano: entre consolidar una justicia más garantista o prolongar un esquema de encarcelamiento sin juicio que, hasta ahora, castiga más la pobreza que el crimen.