El mayor escándalo de corrupción que enfrenta actualmente el Gobierno de España, encabezado por el presidente Pedro Sánchez, ha alcanzado una de las obras emblemáticas de la administración de Andrés Manuel López Obrador: el Tren Maya.
De acuerdo con declaraciones judiciales y reportes de prensa española, tres de los principales implicados en el llamado Caso Koldo, el exministro de Fomento José Luis Ábalos, el exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama, viajaron a México en febrero de 2019 con el objetivo de gestionar contratos relacionados con el megaproyecto ferroviario del sureste mexicano. Las gestiones resultaron exitosas: empresas públicas y privadas españolas obtuvieron jugosos contratos en la obra.
Los vínculos de esta red con México comenzaron un día antes del viaje oficial. El 3 de febrero de 2019, De Aldama asistió a un evento del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en el que tuvo un encuentro privado con el presidente Sánchez, quien, según testigos, le agradeció personalmente su intervención ante el gobierno mexicano.
Al día siguiente, Ábalos se reunió con su entonces homólogo en México, Javier Jiménez Espriú, secretario de Comunicaciones y Transportes, para discutir directamente sobre los contratos del Tren Maya. También fue recibido en el Senado por su presidente, Ricardo Monreal, quien dio cuenta del encuentro en un comunicado oficial.
Meses después, los efectos de esa visita fueron evidentes. En diciembre de 2020, la empresa pública española INECO, adscrita al Ministerio del Transporte de España, obtuvo, en consorcio con una firma alemana, un contrato por 13.2 millones de euros para fungir como “operador sombra” de Fonatur-Tren Maya durante la fase de construcción.
Ese contrato fue anunciado por el propio Ábalos en Madrid y difundido mediante un video institucional.
No fue el único beneficio. En mayo de 2020, la constructora española AZVI, en asociación con Grupo INDI, una de las contratistas favoritas del actual gobierno federal, ganó la licitación para el Tramo 3 del Tren Maya. Aunque originalmente fue valuado en 10 mil 192 millones de pesos, el costo final superó los 23 mil millones.
Posteriormente, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) contrató a AZVI-INDI para construir 20 kilómetros adicionales del Tramo 5 Sur por un monto cercano a los 4 mil millones de pesos.
Víctor de Aldama, actualmente imputado en España, declaró ante las autoridades judiciales que recibió pagos de 18 mil euros por parte de AZVI como sobornos por su intermediación para conseguir contratos. Afirmó, además, que fue él quien facilitó los contactos para que la empresa española accediera al proyecto mexicano.
ACCIONA, otra empresa implicada en la red de sobornos al círculo cercano de Pedro Sánchez, también logró colarse en el Tren Maya. En enero de 2021, ganó el contrato del Tramo 5. Sin embargo, este fue posteriormente cancelado cuando el entonces presidente López Obrador decidió modificar el trazo y reasignar la obra a la Sedena.
El escándalo ha generado una crisis política en España, con crecientes exigencias de dimisión contra Sánchez, mientras en México no se ha emitido, hasta el momento, ningún pronunciamiento oficial por parte del Gobierno federal respecto a la implicación de estas empresas en actos de corrupción relacionados con el Tren Maya.