Un tribunal federal negó a René Dávila de la Vega y su hijo René Dávila Díaz, empresarios ligados al caso de corrupción en Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), la anulación de una prueba clave en su contra. Ambos son accionistas de la Corporación en Asesoría Financiera (Corafi), una firma que, de acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), recibió ilegalmente 800 millones de pesos de recursos públicos.
La prueba impugnada corresponde a una opinión de delito emitida por la Secretaría de Hacienda, documento necesario para que el Ministerio Público federal pueda ejercer acción penal. El tribunal colegiado en materia penal resolvió que dicha opinión debe ser considerada válida en el juicio, al estimar que existen elementos suficientes para acusar a los Dávila por captación ilegal de recursos.
Según las investigaciones, los fondos fueron entregados durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, cuando René Gavira Segreste, entonces titular de la Unidad de Administración y Finanzas de Segalmex, autorizó la operación a pesar de que Corafi no contaba con registro ni supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
En paralelo, los empresarios también intentaron invalidar otras pruebas presentadas por la FGR y la Procuraduría Fiscal de la Federación: siete testimonios, un peritaje y siete documentos, entre ellos la propia opinión de delito. Argumentaron que admitirla genera una ventaja procesal indebida, ya que los testigos podrían tener acceso previo al contenido del documento.
Sin embargo, el tribunal desestimó el argumento. Mientras se resuelve un amparo interpuesto por los acusados, el juicio formal continúa en pausa.
El caso Segalmex, creado para garantizar el abasto alimentario en el país, se ha convertido en uno de los escándalos más grandes de presunta corrupción del sexenio pasado, con desvíos que, según diversas investigaciones, superarían los 15 mil millones de pesos.