La gestión de Teresa Guadalupe Reyes Sahagún al frente de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) concluyó dejando tras de sí una institución debilitada, marcada por nombramientos sin perfil adecuado, proyectos truncados y una relación tensa con los colectivos de víctimas. En los 21 meses que estuvo al frente del organismo, se desarticularon esfuerzos construidos durante años, se frenaron estrategias clave y se integraron perfiles sin experiencia en puestos fundamentales.
Designada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador en octubre de 2023, Reyes llegó al cargo en medio de críticas por su falta de experiencia en materia de desaparición de personas, luego de haber ocupado cargos administrativos en el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) y en la Secretaría de Bienestar. Desde el inicio, colectivos de búsqueda señalaron el distanciamiento de la funcionaria con las víctimas, particularmente por la implementación de un nuevo censo domiciliario para «depurar» el registro de desaparecidos, sin consultar previamente a las familias.
Proyectos desmantelados
Uno de los retrocesos más señalados fue la paralización del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF), una iniciativa respaldada por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y la Secretaría de Gobernación, que pretendía dar nombre a más de 52 mil cuerpos sin identificar en el país. Aunque había convenios firmados con fiscalías en San Luis Potosí, Zacatecas y Jalisco, el proyecto nunca se consolidó. En febrero de 2024, Reyes anunció que el gobierno federal dejaba de financiar el mecanismo por sus supuestos “avances lentos”.
“Llegó con la idea de que todo lo anterior estaba mal hecho”, criticó Martín Villalobos, exconsejero del Sistema Nacional de Búsqueda, quien lamentó que no se buscara reconstruir lo avanzado por la anterior administración.
Sin perfiles especializados
Otra de las principales críticas se refiere a la conformación de la Red Nacional de Personas Buscadoras, creada en febrero de este año con presencia en 29 estados. De sus 127 integrantes, al menos 44 no tenían experiencia previa en búsqueda de personas, según reveló Animal Político a través de solicitudes de transparencia. Varios de ellos eran exfuncionarios de la Secretaría de Bienestar, trabajadores de áreas como ventas, marketing, contabilidad o incluso protección civil, sin formación ni trayectoria en el tema.
A este panorama se suman las inconsistencias en la estructura directiva: de 23 directores en la CNB, 13 no contaban con experiencia ni perfil profesional acorde al cargo, incluyendo puestos clave que por ley deben estar ocupados por expertos en identificación forense. En su lugar, se nombraron exasesores legislativos, contadores públicos o excolaboradores de programas sociales.
“Nombró como titular del Centro Nacional de Identificación Humana a un contador público que había trabajado con ella en el INEA. Eso nos cayó como balde de agua fría”, expresó Valentina Peralta, también exconsejera nacional.
Nueva etapa bajo la lupa
Con la salida de Reyes Sahagún, la Secretaría de Gobernación deberá llevar a cabo una consulta pública con colectivos, especialistas y sociedad civil para designar a la próxima persona titular de la CNB. La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que se está trabajando para encontrar al “mejor perfil”.
Organizaciones y familiares han sido claros en sus demandas: el nuevo titular debe contar con experiencia operativa y jurídica, capacidad de gestión de recursos públicos, conocimiento técnico, vocación de diálogo con víctimas y estar libre de señalamientos de corrupción.
El desafío es mayúsculo. La crisis de desapariciones en México sigue en niveles alarmantes, y la CNB necesita urgentemente una dirección profesional y humana, capaz de recuperar la confianza de las familias y fortalecer las capacidades institucionales. Para muchas de ellas, el tiempo perdido es el tiempo de sus seres queridos.