Con un mecanismo de votación que privilegió el voto en bloque por grupos de candidaturas avaladas por el Ejecutivo, los gobernadores de Coahuila, Manolo Jiménez (PRI), y de Quintana Roo, Mara Lezama (Morena), lograron colocar a la totalidad de sus propuestas en la reciente elección judicial local.
De acuerdo con una investigación del diario Animal Político, el diseño de las boletas, que obligó a los votantes a elegir entre paquetes cerrados de aspirantes definidos por comités de evaluación vinculados a los tres poderes estatales, favoreció de forma abrumadora a los candidatos promovidos por el Poder Ejecutivo.
En Coahuila, los paquetes de candidaturas impulsados por el gobernador Jiménez para el Tribunal de Disciplina, los tribunales de distrito y el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) obtuvieron más del 60% de los votos. Las planillas para personas juzgadoras —jueces en diversas materias— avaladas por el Ejecutivo sumaron el 59.8%.
En contraste, las planillas propuestas por los poderes Legislativo y Judicial apenas lograron entre 12 y 14% de apoyo ciudadano, cifras similares a los votos nulos, según reportes del Instituto Electoral de Coahuila (IEC). Además, gran parte de las candidaturas del Ejecutivo también figuraban en los listados de los otros dos poderes: en el TSJ, seis de los nueve aspirantes estaban en las tres planillas; en tribunales de distrito, los tres comités coincidieron en los mismos cuatro perfiles; y en el caso del Tribunal de Disciplina, dos de los candidatos más relevantes estaban repetidos.
La situación fue similar en Quintana Roo, donde las candidaturas respaldadas por el comité del gobierno estatal recibieron el 49.8% de los votos para el TSJ y el Tribunal de Disciplina, y el 52% en la elección de personas juzgadoras. En comparación, las propuestas de los otros poderes y los votos nulos oscilaron entre el 15 y el 18%.
En ese estado, además, el diseño de las boletas, autorizado tras una solicitud de la Consejería Jurídica del Ejecutivo, contribuyó a blindar el avance de ciertos perfiles. Siete de las 12 candidaturas al TSJ aparecían en las tres planillas, lo que prácticamente garantizaba su elección. Uno de ellos, Marco Antonio Torre, fue el único hombre aspirante a ocupar una de las tres vacantes en el Tribunal de Disciplina, lo que lo colocó en posición preferente.
Para la elección de jueces en Quintana Roo se utilizaron dos tipos de boletas. En la boleta A, el 57.6% de las candidaturas avaladas por el Ejecutivo también estaban en las tres listas; en la boleta B, el 41.5% compartía esa condición.
Especialistas en la elección judicial indicaron en entrevista con medios nacionales calificaron el esquema como un ejercicio más cercano a un referéndum que a una elección judicial, ya que los ciudadanos no elegían perfiles individuales, sino que refrendaban o rechazaban paquetes de nombres propuestos por el poder político. La centralización de las propuestas y el diseño de las boletas facilitaron la operación política desde los Ejecutivos estatales.
En ambos casos, la coincidencia de perfiles en los listados y la votación por bloques impidieron una verdadera competencia entre candidaturas, poniendo en duda la autonomía e independencia de los nuevos integrantes del Poder Judicial.