Ningún conflicto armado ni régimen autoritario en América Latina ha acumulado tantas desapariciones como México. Así lo sostienen decenas de colectivos y organizaciones civiles en un informe entregado al Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU, donde advierten que el país enfrenta una crisis de carácter generalizado y sistemático que podría configurar crímenes de lesa humanidad.
El documento, presentado en el marco del procedimiento especial que el organismo internacional abrió contra México, subraya que el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas mantiene más de 127 mil casos, aunque con inconsistencias, falta de actualización y vacíos de información que aumentan la incertidumbre de las familias.
Crisis sin precedentes
El informe alerta que la magnitud de la crisis mexicana rebasa cualquier otro episodio de violencia o represión documentado en la región. Entre 2017 y enero de 2025, solo se han dictado 373 condenas por desaparición —forzada o cometida por particulares— lo que representa apenas el 0.56 % de los casos reportados en ese periodo.
A ello se suma la emergencia forense, con más de 72 mil cuerpos sin identificar en servicios públicos entre 2006 y 2023, además de 3 mil 516 fosas clandestinas localizadas en el mismo lapso, de donde se han recuperado más de 8 mil cuerpos y 52 mil restos humanos.
Estados con mayor incidencia
El informe incluye análisis por entidad. En Jalisco, con 15 mil 479 personas desaparecidas hasta julio de este año, se documenta la infiltración del crimen organizado en corporaciones de seguridad, así como casos de reclutamiento forzado en campamentos. En el Estado de México, con 14 mil 434 casos, se señala la continuidad histórica de prácticas de desaparición forzada y la utilización de canales de aguas negras para ocultar cuerpos.
En Morelos, los hallazgos de Tetelcingo y Jojutla revelaron el uso de fosas comunes estatales para enterrar clandestinamente cuerpos, lo que ha sido denominado “fosas clandestinas del Estado”. Mientras que en Tabasco, la desaparición de niñas y jóvenes ha crecido de forma exponencial desde 2018, con señalamientos de colusión entre autoridades y crimen organizado.
En Veracruz y Nayarit se destaca la implicación directa de funcionarios estatales, mientras que en Nuevo León y Coahuila se documenta la participación de autoridades en hasta el 47 % y 26 % de los casos, respectivamente. En Guanajuato, el número de desapariciones se multiplicó por ocho en siete años, al tiempo que se mantiene como uno de los estados con más homicidios. Baja California, por su parte, enfrenta desapariciones vinculadas a desplazamiento forzado, narcotráfico y trata de personas.
Recomendaciones y exigencias
Las organizaciones piden que el CED remita la información a la Asamblea General de la ONU, acompañada de la recomendación para crear una Comisión de Esclarecimiento Histórico que identifique patrones de violencia y proponga medidas para frenar las desapariciones, recuperar restos humanos y garantizar justicia.
Asimismo, solicitan que los hallazgos sean comunicados a la Corte Penal Internacional con el fin de iniciar una investigación preliminar por posibles crímenes de lesa humanidad, conforme al Estatuto de Roma.
Poblaciones más vulnerables
El documento también detalla que 17 mil 349 niñas, niños y adolescentes permanecen desaparecidos en México, siendo las adolescentes de 14 a 19 años el grupo más afectado. Migrantes, pueblos indígenas y afrodescendientes, periodistas y defensores de derechos humanos también figuran entre los sectores más vulnerables.
El informe subraya un dato alarmante: 27 personas buscadoras han sido asesinadas y otras más permanecen desaparecidas mientras realizaban labores de rastreo.
El reporte fue firmado por decenas de colectivos y familias, quienes advirtieron que la desaparición en México no es un fenómeno aislado, sino un patrón sistemático que exige atención inmediata de la comunidad internacional.