Dulce Belén Sánchez Castañeda lleva más de 13 años tras las rejas, condenada a 70 años por un secuestro exprés ocurrido en la Ciudad de México el 24 de octubre de 2011. Ella insiste en su inocencia y afirma que ese día estaba en Guadalajara, comisionada en labores de seguridad para los Juegos Panamericanos. Las pruebas que la incriminan fueron obtenidas bajo tortura, según consta en su expediente, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya ordenó revisar su caso sin tomar en cuenta los elementos obtenidos de forma ilícita.
Detenida el 30 de enero de 2012, Dulce fue trasladada a diversas delegaciones sin notificación a familiares o acceso a defensa legal. En ese trayecto, comenta, perdió a sus gemelas tras recibir golpes brutales, incluidos en el vientre. Acusa tocamientos, cortes, golpes, asfixia con bolsa y abuso sexual durante su detención, especialmente en la delegación Gustavo A. Madero 5, donde comenzó, dice, su infierno.
A pesar de contar con bitácoras oficiales que confirman que ese día estaba en Guadalajara, y que el día de su detención estaba en su base en la Ciudad de México, una jueza la sentenció a 70 años de prisión, validando pruebas obtenidas bajo arraigo ilegal, reconocimientos sin garantías y testimonios contradictorios.
“Me privaron de mi libertad, mataron a mis bebés, abusaron de mí y sigo aquí”, lamenta desde el penal femenil de Santa Martha Acatitla, donde cumple su condena. “Tengo un hijo de seis años que no me ha visto crecer, que me necesita”.
La Corte ya atrajo su caso
Gracias al apoyo de la organización Reinserta, Dulce logró que su caso llegara hasta la SCJN bajo el expediente 22/2023. Inicialmente, el interés se centró en la tortura, pero los ministros también declararon inconstitucional el arraigo que permitió obtener las principales pruebas en su contra.
La Corte instruyó a la Sexta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México emitir una nueva resolución que excluya esas pruebas: declaraciones de víctimas, reconocimientos por fotografía y en cámara Gesell, todos sin garantías legales mínimas. La defensa ha argumentado que no queda evidencia suficiente para sostener la sentencia.
Ahora, la magistrada Martha Patricia Tarinda Azuara, la magistrada Inés Gabriela Medel Díaz y el magistrado Ramón Enrique Sentíes Carriles tienen en sus manos la resolución del expediente 148/2014.
Una vida rota y una familia fragmentada
Desde prisión, Dulce intenta mantener el vínculo con su hijo, quien vive con su padre, Daniel, y su abuela. “Él no lo entiende. Dice que su mamá está trabajando, pero cada que se despide le pide que lo lleve con ella”, cuenta Daniel. “Ha tomado terapia por el desapego, la extraña todos los días”.
Daniel no cesa en su llamado a las autoridades: “Las pruebas existen, son oficiales, no pedimos un favor, pedimos justicia”.
Para Dulce, las pérdidas han sido devastadoras: además de sus hijas y su libertad, ha enfrentado la muerte de sus padres mientras estaba en prisión. “No les pude llorar como quería. Aquí todo hay que bloquearlo o te derrumbas”, relata.
Pese a todo, ha encontrado refugio en el área de reinserción del penal, donde trabaja como estafeta en la dirección. “Me dicen que no soy una interna, que soy compañera. Me aferro a eso y a mi hijo. Agradezco cada día menos de sentencia”.
Con la sentencia en revisión, Dulce y su defensa confían en que esta vez las pruebas legales prevalezcan. “No pedimos compasión, pedimos que se respete la ley”, sostiene su abogada.
Mientras tanto, Dulce espera. Y resiste. Con un hijo que la espera afuera, con cicatrices que no sanan y con la esperanza de que, después de más de una década, por fin se haga justicia.