A cinco años del asesinato de Alexander Martínez Gómez, un joven futbolista de 16 años, a manos de policías municipales en Acatlán de Pérez Figueroa, Oaxaca, su madre, Virginia Gómez, continúa exigiendo justicia. Aunque uno de los cinco elementos implicados fue sentenciado a 35 años de prisión, el resto permanece libre y en activo en la corporación.
La noche del 9 de junio de 2020, Alexander salió en motocicleta con varios amigos para comprar refrescos y pizza. Minutos después, un disparo en la cabeza terminó con su vida. La versión oficial sostuvo que el joven iba armado y no se detuvo en un retén, lo que derivó en un accidente en el que presuntamente se disparó una escopeta al caer. Sin embargo, una investigación de la Defensoría de Derechos Humanos de Oaxaca desacreditó esa narrativa y concluyó que se trató de una ejecución arbitraria.
El caso conmocionó al país. Un video viral mostró a Virginia, madre del joven, conocido como “Chander” en su comunidad, gritando desgarrada a las afueras del hospital local. Desde entonces, su vida cambió: dejó su empleo como secretaria para convertirse en activista, vive bajo resguardo por amenazas, y es ahora una figura de referencia para otras víctimas en la región.
Uno de los elementos señalados como responsable, Sergio R. R., fue condenado por el disparo, aunque se comprobó que hubo alteración de la escena: intentaron “sembrar” un arma junto al cuerpo del adolescente para justificar la agresión. La Defensoría también documentó irregularidades en la preservación del lugar de los hechos, omisión de primeros auxilios y contradicciones en los informes oficiales. Pese a ello, cuatro policías involucrados siguen patrullando, con uniforme, placa y arma, por las calles del mismo municipio.
La recomendación 1/2021 emitida por la Defensoría determinó que se trató de una violación grave a los derechos humanos y solicitó medidas de reparación, como una disculpa pública por parte del Gobierno Municipal y la Fiscalía estatal. Hasta la fecha, ninguna ha sido cumplida.
Virginia, o “Vicky”, como la conocen en Acatlán, no sólo enfrenta la impunidad institucional, también el abandono económico: no ha recibido la indemnización que por ley corresponde como víctima. “Ningún dinero va a reparar la pérdida de mi hijo, porque mi hijo no tiene precio. Pero es un derecho que tampoco han querido reconocer”, sentencia.
A pesar del desgaste emocional y físico, ella no se ha rendido. “Mi hijo siempre verá a una mamá fuerte, que no se dio por vencida”, dice. “Aquí sigo. No me voy a ir. Yo no maté a nadie”.
El asesinato de Alexander sigue siendo un caso paradigmático de impunidad en el uso de la fuerza policial en México. Una muerte que pudo evitarse, una verdad que se intentó distorsionar, y una madre que, a cinco años, aún no baja la voz.
